Tegucigalpa, Honduras.
La Fuerza Nacional Antiextorsión reveló ayer a Diario LA PRENSA que solo en la zona noroccidental de Honduras ya se han pagado este año 38 millones de lempiras por extorsiones, equivalentes a 1.7 millones de dólares.
Informes de la institución señalan que los sectores de transporte y comercio son los más afectados por el pago de “impuesto de guerra”.
Esto se confirmó una vez más ayer, pues las autoridades hondureñas sospechan que la masacre en la que murieron ocho personas en la terminal de buses de la colonia Cerro Verde, del sector López Arellano, en Choloma, sería una represalia para presionar a que los transportistas de esas rutas paguen los montos exigidos por los extorsionadores.
La Fuerza Nacional Antiextorsión reveló ayer a Diario LA PRENSA que solo en la zona noroccidental de Honduras ya se han pagado este año 38 millones de lempiras por extorsiones, equivalentes a 1.7 millones de dólares.
Informes de la institución señalan que los sectores de transporte y comercio son los más afectados por el pago de “impuesto de guerra”.
Esto se confirmó una vez más ayer, pues las autoridades hondureñas sospechan que la masacre en la que murieron ocho personas en la terminal de buses de la colonia Cerro Verde, del sector López Arellano, en Choloma, sería una represalia para presionar a que los transportistas de esas rutas paguen los montos exigidos por los extorsionadores.
Los hondureños le llaman “impuesto de guerra”, los salvadoreños “renta”, pero sin importar el nombre que le den, el concepto es el mismo: grupos del crimen organizado exigen dinero diario, semanal o mensual a cambio de no matar a sus víctimas.
Los datos indican que en El Salvador se pagan más de $390 millones por extorsión al año, en Honduras más de $200 millones y en Guatemala $61 millones.
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