San Pedro Sula, Honduras.
En las afueras de la escuela en la que estudia su hijo fue capturado el exalcalde Óscar Eduardo Kilgore López. Doce horas después fue enviado al presidio sampedrano por segunda vez.
En esta ocasión, el exjefe edilicio está acusado por el Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito.
Un juez de Letras de lo Penal le dictó ayer en horas de la tarde la detención judicial, luego de evacuada la audiencia de declaración de imputado que duró alrededor de hora y media.
El exalcalde de la capital industrial fue capturado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) luego de librarle la orden de captura.
La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública presentó en la noche del domingo, en el Juzgado de turno un requerimiento fiscal contra el también presentador de televisión.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Fiscalía contra la Corrupción, informó que las pruebas llevadas al estrado bastaron para que se le enviara al penal. “Tenemos los elementos suficientes para que la jueza lo haya enviado al centro penal. La defensa puede hacer sus argumentos. El Ministerio Público es el garante de la pretensión acusatoria y tenía las pruebas para que se tomara la decisión que se tomó”, manifestó.
La acusación
El requerimiento fiscal se basó en un informe elaborado el 16 de junio de 2009 por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Kilgore asumió como regidor en el período de Roberto Larios Silva el 25 de enero de 1998 hasta el 25 de enero de 2002. Después fungió como alcalde desde el 25 de enero de 2002 hasta el 25 de enero de año 2006.
Luego buscó la reelección, pero perdió, y tomó posesión del cargo como regidor, pero su período como servidor público concluyó el 27 de febrero de 2007 por una suspensión ordenada por la Corte de Apelaciones.
Como servidor público presentó una declaración jurada de bienes como regidor y como alcalde.
En la investigación efectuada por el organismo contralor, en 2009 se estableció que Kilgore tuvo un incremento de su capital de L8.9 millones, cantidad que resulta superior a la que normalmente hubiera podido obtener en virtud de los sueldos que pudo percibir legalmente y los incrementos de su capital por cualquier causa lícita durante el período del 25 de enero de 1998 al 27 de febrero de 2007.
En esa resolución, el Tribunal ordenó notificar a Kilgore y agotar las instancias legales que le asistieron. El 22 de agosto de 2013, la defensa del exjefemunicipal impugnó conforme a Ley, pero el TSC declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesto por la defensa donde desvanecían la cantidad de L3.9 millones y confirma responsabilidad por la cantidad de L5.1 millones, suma superior a la que hubiera podido obtener de sus sueldos y beneficios.
En febrero de este año, el TSC remitió al Ministerio Público el expediente que contiene las investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes, ingresos, activos y pasivos de Kilgore. Se determinó que hay un enriquecimiento ilícito y se dejó clara la acción cometida, ya que no pudo justificar el aumento de patrimonio como servidor público.
Más de seis autos
También se estableció durante la investigación que contra el imputado penden más de seis autos de formal procesamiento y multas hasta por el monto del enriquecimiento ilícito. Se refirió que la Ley Orgánica del TSC establece que si una persona es condenada por ese delito, deberá pagar la multa de acuerdo con lo que la Fiscalía comprueba sobre la cantidad del enriquecimiento ilícito.
Elvis Guzmán, portavoz de la Fiscalía, confirmó que el ahora acusado no pudo desvanecer un aumento de su capital, que no era compatible con el sueldo que recibió como alcalde y como regidor.
“Al presentar el requerimiento fiscal, el juez consideró que había suficientes elementos para emitir la orden de captura y la Atic comenzó con las pesquisas para ubicarlo”.
Rubén Solano Parada, defensor de Kilgore, afirmó que no hay enriquecimiento ilícito de parte de su cliente y que el Ministerio Público violentó los derechos legales de su defendido al no desarrollar una investigación objetiva y equitativa.
“El Ministerio Público no citó en ningún momento al ciudadano Kilgore para que pudiese aportarle los medios probatorios que desvanecían en este caso las falsedades que el TSC expresó en su informe”.
En las afueras de la escuela en la que estudia su hijo fue capturado el exalcalde Óscar Eduardo Kilgore López. Doce horas después fue enviado al presidio sampedrano por segunda vez.
En esta ocasión, el exjefe edilicio está acusado por el Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito.
Un juez de Letras de lo Penal le dictó ayer en horas de la tarde la detención judicial, luego de evacuada la audiencia de declaración de imputado que duró alrededor de hora y media.
El exalcalde de la capital industrial fue capturado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) luego de librarle la orden de captura.
La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública presentó en la noche del domingo, en el Juzgado de turno un requerimiento fiscal contra el también presentador de televisión.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Fiscalía contra la Corrupción, informó que las pruebas llevadas al estrado bastaron para que se le enviara al penal. “Tenemos los elementos suficientes para que la jueza lo haya enviado al centro penal. La defensa puede hacer sus argumentos. El Ministerio Público es el garante de la pretensión acusatoria y tenía las pruebas para que se tomara la decisión que se tomó”, manifestó.
 El exalcalde Óscar Eduardo Kilgore ingresó ayer al presidio sampedrano a eso de las 6:00 pm.
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El requerimiento fiscal se basó en un informe elaborado el 16 de junio de 2009 por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Kilgore asumió como regidor en el período de Roberto Larios Silva el 25 de enero de 1998 hasta el 25 de enero de 2002. Después fungió como alcalde desde el 25 de enero de 2002 hasta el 25 de enero de año 2006.
Luego buscó la reelección, pero perdió, y tomó posesión del cargo como regidor, pero su período como servidor público concluyó el 27 de febrero de 2007 por una suspensión ordenada por la Corte de Apelaciones.
Como servidor público presentó una declaración jurada de bienes como regidor y como alcalde.
En la investigación efectuada por el organismo contralor, en 2009 se estableció que Kilgore tuvo un incremento de su capital de L8.9 millones, cantidad que resulta superior a la que normalmente hubiera podido obtener en virtud de los sueldos que pudo percibir legalmente y los incrementos de su capital por cualquier causa lícita durante el período del 25 de enero de 1998 al 27 de febrero de 2007.
En esa resolución, el Tribunal ordenó notificar a Kilgore y agotar las instancias legales que le asistieron. El 22 de agosto de 2013, la defensa del exjefemunicipal impugnó conforme a Ley, pero el TSC declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesto por la defensa donde desvanecían la cantidad de L3.9 millones y confirma responsabilidad por la cantidad de L5.1 millones, suma superior a la que hubiera podido obtener de sus sueldos y beneficios.
En febrero de este año, el TSC remitió al Ministerio Público el expediente que contiene las investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes, ingresos, activos y pasivos de Kilgore. Se determinó que hay un enriquecimiento ilícito y se dejó clara la acción cometida, ya que no pudo justificar el aumento de patrimonio como servidor público.
 Fue capturado por la Atic en la zona de Armenta tras el libramiento de la orden de captura.
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También se estableció durante la investigación que contra el imputado penden más de seis autos de formal procesamiento y multas hasta por el monto del enriquecimiento ilícito. Se refirió que la Ley Orgánica del TSC establece que si una persona es condenada por ese delito, deberá pagar la multa de acuerdo con lo que la Fiscalía comprueba sobre la cantidad del enriquecimiento ilícito.
Elvis Guzmán, portavoz de la Fiscalía, confirmó que el ahora acusado no pudo desvanecer un aumento de su capital, que no era compatible con el sueldo que recibió como alcalde y como regidor.
“Al presentar el requerimiento fiscal, el juez consideró que había suficientes elementos para emitir la orden de captura y la Atic comenzó con las pesquisas para ubicarlo”.
Rubén Solano Parada, defensor de Kilgore, afirmó que no hay enriquecimiento ilícito de parte de su cliente y que el Ministerio Público violentó los derechos legales de su defendido al no desarrollar una investigación objetiva y equitativa.
“El Ministerio Público no citó en ningún momento al ciudadano Kilgore para que pudiese aportarle los medios probatorios que desvanecían en este caso las falsedades que el TSC expresó en su informe”.
| A su salida de la audiencia dijo que espera salir bien librado.
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