SAN PEDRO SULA
El Ministerio Público (MP) ejecutó ayer a nivel nacional la Operación Omega VII, dejando más de 400 personas detenidas por suponerlas responsables de diferentes hechos delictivos.
Entre los detenidos figura el policía clase I, Orbin Alfonso Morales Martínez, quien, según las investigaciones del MP, junto con otros investigados integra una red de tráfico de personas.
Además de Morales arrestaron a 32 ciudadanos a inmediaciones de la ciudad de San Lorenzo, en el departamento de Valle, luego de observar una caravana de 32 vehículos tipo turismo que eran abordados por hombres, mujeres y niños.
Los encausados fueron interceptados llevando de forma ilícita a 150 migrantes de nacionalidad nicaragüense hacia Estados Unidos.
Durante la acción, los requeridos se identificaron como conductores de taxis VIP de San Pedro Sula y Puerto Cortés y dijeron que les pagaron 10,000 lempiras por realizar el traslado de los migrantes.
Las autoridades procedieron al decomiso de los 32 automotores, un arma de fuego, 2,480 dólares, 122,000 lempiras y 33 teléfonos celulares
En la Operación Omega VII también le dieron detención a personas por suponerlas responsables de pornografía infantil agravaba, trata de personas, homicidios, asesinatos, sicariato y delitos relacionados con corrupción publica.
Además se les dio captura a responsables de delitos contra grupos vulnerables como niñez, mujeres, pueblos indígenas, miembros de la diversidad sexual y adultos mayores. Durante la operación se hicieron incautaciones de droga, armas e inspecciones en distintos departamentos del país; además, la Fiscalía presentó 531 requerimientos, informó el portavoz del Ministerio Público (MP), Carlos Morazán.
Entre los resultados más destacados están el arresto de personas vinculadas a delitos de crimen organizado; asimismo, decomiso y secuestro de documentos en perjuicio del erario público.
El portavoz del MP indicó que hay órdenes de capturas listas en casos contra policías y militares vinculados en actos de delictivos. Morazán dijo que Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública presentó un requerimiento contra una exfuncionaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR) que difundió datos confidenciales a un medio de comunicación de declaraciones patrimoniales de Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Resaltó que esos resultados son producto de la coordinación del Ministerio Publico en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
| Las autoridades realizaron allanamientos en busca de evidencias y personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
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