Tegucigalpa, Honduras.
Fiscales asignados al Juzgado de Ejecución presentarán informaron este sábado que apelarán contra de la decisión adoptada en las últimas horas en Tegucigalpa, capital de Honduras, de favorecer con libertad condicional a Ilsa Vanessa Molina y su madre, Ilsa Damaris Aguirre Flores, por lavado de activos en perjucio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La palillona fungió como socia fundadora de la empresa de maletín INSUMEDIC y fue condenada el 6 de diciembre de 2016 a 12 años tres meses de reclusión. Su madre fue sentenciada el 7 de septiembre de 2020 a ocho años de reclusión.
'Ambas imputadas fueron excarceladas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), debido a que un juez de ejecución no valorara y considerada el hecho que las condenas dictadas en su contra son por un delito catalogado como de criminalidad organizada, conforme a la legislación penal hondureña y de acuerdo a las pruebas acreditadas en este caso por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) que develaron todo un mecanismo de sustracción de fondos y blanqueo de capitales a lo interno del IHSS, así como la adquisición de bienes con dinero proveniente de pagos injustificados realizados a través de líneas de crédito entre empresas fachadas y ese centro asistencial', señaló el Ministerio Público.
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Añadieron que dichas conductas delictivas fueron aceptadas por Ilsa Vanessa Molina que en una audiencia de procedimiento abreviado admitió haber lavado activos del Seguro Social y en segundo lugar por Ilsa Damaris Aguirre Flores que en una audiencia de acuerdo de estricta conformidad se declaró culpable.
En el caso INSUMEDIC-IHSS, miles de folios de prueba documental y pericial demostraron cómo Molina Aguirre participó en el desfalco del IHSS por un monto de 10 millones de lempiras, valiéndose de la relación sentimental que ésta mantenía con el entonces Gerente de Compras, Materiales y Suministros, José Alberto Zelaya Guevara (prófugo de la justicia), mientras que su madre puso a su nombre bienes inmuebles para ocultar su ilícita procedencia y su vínculo con una empresa fantasma, argumentaron.
'En el contexto de estos hechos, existen agravantes y motivos para que Fiscales asignados al Juzgado de Ejecución adscritos a la Fiscalía Contra Delitos Comunes (FEDCOM) interpongan en tiempo y forma el respectivo recurso de apelación, ya que en esta causa no ha primado la legalidad ni prevalecido la justicia', concluyeron.
