Para el próximo martes 23 de julio ha reprogramarlo la sala primera del Tribunal de Sentencia, en San Pedro Sula, la audiencia de individualización de la pena contra José Alejandro Sánchez Solís, condenado por apropiación indebida continuada.
Por este ilícito el acusador privado desde el inicio del juicio oral y público pidió la pena máxima, que el Código Penal establece de seis a nueve años de cárcel, pero que por los agravantes es aumentada en dos tercios, es decir, suma de 10 años a 15 más una multa del 10 por ciento sobre el monto del dinero supuestamente apropiado.
El condenado, aunque ya estuvo dos años privado de su libertad, se mantiene con medidas sustitutivas de la cárcel, pues tras su fallo condenatorio, la terna de jueces denegó la petición de un acusador público y otro privado para suspenderle al condenado el goce de las medidas cautelares sustitutivas de la prisión.
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Etonces, decidieron mantenerlas, pero las cambiaron dando la guarda y custodia al abogado defensor, prohibiéndole salir del país y cambiar de domicilio sin permiso judicial y además registrarse cada jueves en los juzgados.
El Tribunal dio como un hecho probado que como contador general de una empresa distribuidora de frutas en San Pedro Sula, José Alejandro Sánchez Solís, desde 2006 a 2012 se apropió de 12 millones 79 mil 677 lempiras con 38 centavos.
Según la terna de jueces, el ahora condenado dispuso de ese dinero de la empresa para su provecho y en su interés personal. Añade el fallo condenatorio que la prueba pericial, testifical y documental fue contundente para evidenciar el 'modus operandi' del acusado para apropiarse del dinero sustraído.
Según se supo, ideó un plan para aprovecharse del cargo y así acceder a cuentas bancarias de la empresa para transferir dinero a su cuenta personal sin el conocimiento y consentimiento de los socios.
Los tres juzgadores admitieron que las pruebas de la Fiscalía y de un acusador privado demostraron que con transacciones bancarias arbitrarias, no satisfactorias y desconocidas por sus socios, se apropió de 12 millones 79 mil 677 lempiras con 38 centavos.
De acuerdo con la acusación, un chequeo rutinario de la subgerente general de esa empresa, realizado en enero de 2012, reveló que depósitos no estaban registrados como tales en las cuentas bancarias de la empresa, pero sí en la cuenta del excontador.
La detección del dolo en la contaduría de dicha empresa originó una investigación interna y una posterior auditoría forense que reveló múltiples movimientos y transacciones bancarias realizados por el acusado.
