Tegucigalpa, Honduras.
Por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos fueron enviados a prisión el abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa Waldina Lizzette Salgado Pérez y su hijo Roberto Arturo Mejía Salgado.
Los tres imputados que tenían órdenes de captura y estaban prófugos desde el año pasado se entregaron de forma voluntaria y ayer un juez con jurisdicción nacional en Tegucigalpa celebró la audiencia de declaración de imputado y resolvió decretar la medida de detención judicial.
Francisco Arturo Mejía era apoderado legal de los Rivera Maradiaga, líderes de los Cachiros.
La acusación de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos se deriva de investigaciones sobre una red de testaferros de los Cachiros que iniciaron el 22 de julio de 2016 cuando fueron capturados en el aeropuerto de San Pedro Sula, Enwis Yamil Varela Santos y Miguel Ángel Gain Tejeda, a quienes les decomisaron 11,439 dólares. En ese momento lograron justificar con documentos la cantidad de dinero.
Pero la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, el 2 de agosto de 2016, emitió un auto de investigación para continuar las averiguaciones contra Varela Santos y Gain Tejeda.
El 20 de febrero de 2018, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) emitió un informe de investigación en el que señalaron que Enwis Yamil Varela Santos estaba casado con Yuri Stefany Rivera Hernández, quien invirtió desde 2010 en 10 bienes, 2 vehículos y se constituyó como comerciante individual con un capital de L200,000. A Enwis Yamil Varela Santos le encontraron 6 bienes y 6 vehículos.
Con las investigaciones lograron determinar que familiares de Varela Santos tenían propiedades que traspasaban a otras personas mediante la compraventa entre ellos.
Además lograron identificar que esta era una amplia red de colaboradores y testaferros de la estructura criminal de los hermanos Javier Eriberto y David Leonel Rivera Maradiaga.
En la compra, venta y donaciones de propiedades irregulares fue detectada la participación del abogado Francisco Arturo Mejía, así como otras personas que están acusadas y en prisión luego que el Ministerio Público ejecutó la operación Apolo en 2018.
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El abogado Francisco Arturo Mejía en 2006-2007 hipotecó una propiedad en la aldea La Venada por un valor de 2,150,000,00; posteriormente se la dio en donación a otra persona y luego, en 2013, la volvieron a pasar a nombre de Javier Hernández Mejía.
El abogado y notario Francisco Arturo Mejía recibió un poder general de administración de Devis Leonel Rivera Maradiaga para manejar la sociedad Inversiones Rivera Maradiaga y otras ligadas al cartel de los Cachiros. En el caso de Waldina Salgado, esposa del abogado, la acusación indica que compró dos vehículos valorados en L1,400,000 y otros vehículos por medio de empresas de las cuales era socia.
Patuca III. El abogado Francisco Arturo Mejía, su esposa y su hijo también están acusados por fraude y soborno doméstico en el caso denominado Patuca III en el que están involucradas otras siete personas. La acusación afirma que se defraudaron millones a través de una red que usó a Enee.
