San Pedro Sula, Honduras.
Auto de formal procesamiento decretó ayer el juzgado de lo penal en contra de la exjefa de control de ingresos Ada Esperanza Muñoz y cinco exfuncionarios municipales por violación a los deberes de los funcionarios.
Ayer el juez dio a conocer esa resolución en contra de Ada Muñoz, Liliam Ameyda Meza Hernández, Jorge Alberto Díaz Santos, Erick Ulises Rojas, Jorge Alberto Portillo, Gloria Yolani Cerros y Olga Marina Ponce.
La Fiscalía también acusaba de fraude a Ada Muñoz, Jorge Alberto Díaz Santos y Erick Ulises Rojas; pero el juez dio un sobreseimiento provisional por falta de pruebas.
A Erick Ulises Rojas lo sobreseyeron de forma definitiva por daños, y a Liliam Ameyda Meza Hernández, el juez resolvió darle un sobreseimiento provisional por malversación de caudales públicos.
A los imputados les aplicaron medidas sustitutivas de presentarse a firmar y la prohibición de salir del país.
Los exfuncionarios fueron acusados porque, según la Fiscalía, hacían cobros ilegales a los contribuyentes de la comuna sampedrana y habían malversados unos 90 millones de lempiras; pero la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para probar la malversación de caudales.
Auto de formal procesamiento decretó ayer el juzgado de lo penal en contra de la exjefa de control de ingresos Ada Esperanza Muñoz y cinco exfuncionarios municipales por violación a los deberes de los funcionarios.
Ayer el juez dio a conocer esa resolución en contra de Ada Muñoz, Liliam Ameyda Meza Hernández, Jorge Alberto Díaz Santos, Erick Ulises Rojas, Jorge Alberto Portillo, Gloria Yolani Cerros y Olga Marina Ponce.
La Fiscalía también acusaba de fraude a Ada Muñoz, Jorge Alberto Díaz Santos y Erick Ulises Rojas; pero el juez dio un sobreseimiento provisional por falta de pruebas.
A Erick Ulises Rojas lo sobreseyeron de forma definitiva por daños, y a Liliam Ameyda Meza Hernández, el juez resolvió darle un sobreseimiento provisional por malversación de caudales públicos.
A los imputados les aplicaron medidas sustitutivas de presentarse a firmar y la prohibición de salir del país.
Los exfuncionarios fueron acusados porque, según la Fiscalía, hacían cobros ilegales a los contribuyentes de la comuna sampedrana y habían malversados unos 90 millones de lempiras; pero la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para probar la malversación de caudales.
