Choloma, Honduras.
Diez años y seis meses de cárcel pidió la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción para cinco exregidores de la Municipalidad de Choloma que fueron declarados culpables por el delito de malversación de caudales públicos.
La Fiscalía hizo la petición en la audiencia de individualización de la pena en el Tribunal de Sentencia, en la que también se pronunció pidiendo una multa de 100,000 lempiras para el exalcalde Armando Gale, quien fue vencido en juicio y declarado culpable por malversación de caudales públicos culposo.
Los exregidores Juan Ramón Mejía Amaya, Manuel de Jesús Vallecillo Brocato, Martina Suyapa Enamorado Portillo, Sabas Dionisio López y Miriam Secundina Carías Reyes son los que podrían ser condenados a diez años y seis meses de prisión que pide la Fiscalía.
En la misma audiencia la defensa de los exregidores pidió la pena mínima de seis años, la cual tienen que cumplir en prisión, pues no tienen derecho a conmutar.
Los jueces de la sala 5 se pronunciarán el 2 de mayo, fecha en la que darán a conocer en su sentencia los años de prisión que podrían pasar los exfuncionarios.
Los cinco exregidores y el exalcalde Armando Gale fueron declarados culpables en marzo, luego que la Fiscalía presentara en un juicio oral y público las pruebas del ilícito que cometieron.
Según la acusación de la Fiscalía, el 2 de enero de 2002, 23 días antes de dejar sus cargos, los miembros de la Corporación Municipal de Choloma realizaron una sesión corporativa.
En el acta 96, por iniciativa del alcalde José Armando Gale Valenzuela, se mocionó el otorgamiento económico de 50,000 y 40,000 lempiras como bonificación para el alcalde y los regidores, respectivamente, que en total sumaron 330,000 lempiras.
Solo el entonces regidor Andrés Porfirio Hernández Rodríguez se abstuvo de recibir el dinero. El 25 de enero de 2002, Armando Gale Valenzuela devolvió el dinero.
Pero la Fiscalía procedió con las acusaciones y en el debate demostró que los exfuncionarios violentaron las leyes municipales y cometieron el delito de malversación de caudales públicos, pues destinaron el dinero para su beneficio.
Por el mismo caso, la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción también tiene acusado al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, de quien señalan era regidor y cobró los 40,000 lempiras que se aprobaron en Corporación Municipal.
Pero el caso del alcalde Crivelli no ha llegado a juicio oral y público, pues su defensa interpuso un recurso que aún no ha sido resuelto en otra instancia. La defensa de los exregidores aún tienen el recurso de casación al que recurrirán luego que los jueces de sentencia se pronuncien.
Los jueces tomarán la decisión de cambiar las medidas sustitutivas de las que aún están gozando los exfuncionarios que serán condenados.
