San Pedro Sula, Honduras.
Quieren hacer un cambio en sus vidas, buscan que la sociedad los acepte y vuelva a confiar en ellos como personas que pueden hacer el bien, pese a tener un pasado que causa estigma.
Se trata de más de 1,500 menores en conflicto con la ley que pagan por sus faltas, ya sea internados en centros de rehabilitación o bajo medidas alternativas a las de privación de libertad.
Explicó que a través del Inami los muchachos reciben
acompañamiento psicológico y
pedagógico con el propósito de que una vez rehabilitados puedan reintegrarse al mundo laboral, que es donde mayores retos tienen.
Con este objetivo fue habilitado en la Capital Industrial un centro regional del Inami, el cual tiene la capacidad para atender a unos 500 menores.
Luis Franco, psicólogo del programa de medidas sustitutivas a las de privación de libertad, refirió que la mayoría de los chicos que han cometido alguna falta legal consiguen seguir su vida por un buen camino; no obstante, hay quienes reinciden debido a factores sociales y ambientales.
Agregó que los menores acuden al Inami una o dos veces al mes, durante un período de seis meses o un año, dependiendo la infracción que hayan cometido.
Edson Nolasco, fiscal jefe de la Unidad de Menores en Conflicto con la Ley en esta ciudad, enfatizó que el Código de la Niñez establece las sanciones para estos jóvenes, mismas que van desde los tres a ocho años, dependiendo la edad, y en la mayoría de casos tratan de garantizar las medidas sustitutivas a las de privación de libertad.
Quieren hacer un cambio en sus vidas, buscan que la sociedad los acepte y vuelva a confiar en ellos como personas que pueden hacer el bien, pese a tener un pasado que causa estigma.
Se trata de más de 1,500 menores en conflicto con la ley que pagan por sus faltas, ya sea internados en centros de rehabilitación o bajo medidas alternativas a las de privación de libertad.
Lea: A sus casas mandan a los menores que delinquen en Honduras
En El Carmen, de San Pedro Sula, permanecen internos cerca de 120 adolescentes infractores y al menos 400 más están distribuidos en los otros cuatro centros que hay en el resto del país.
Felipe Morales, director del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (Inami), dijo que en los últimos cuatro años el Gobierno ha intensificado los programas de prevención, rehabilitación y reinserción social para esos jóvenes, al igual que lo ha hecho con la protección legal y el cumplimiento del respeto al debido proceso.
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| Centro del Inami en la colonia Villa Olímpica.
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Con este objetivo fue habilitado en la Capital Industrial un centro regional del Inami, el cual tiene la capacidad para atender a unos 500 menores.
Luis Franco, psicólogo del programa de medidas sustitutivas a las de privación de libertad, refirió que la mayoría de los chicos que han cometido alguna falta legal consiguen seguir su vida por un buen camino; no obstante, hay quienes reinciden debido a factores sociales y ambientales.
Agregó que los menores acuden al Inami una o dos veces al mes, durante un período de seis meses o un año, dependiendo la infracción que hayan cometido.
Edson Nolasco, fiscal jefe de la Unidad de Menores en Conflicto con la Ley en esta ciudad, enfatizó que el Código de la Niñez establece las sanciones para estos jóvenes, mismas que van desde los tres a ocho años, dependiendo la edad, y en la mayoría de casos tratan de garantizar las medidas sustitutivas a las de privación de libertad.
