"Militares se quedaban con una comisión": Las denuncias sobre las tarjetas en los economatos

Cada semana, doña Marta García apartaba parte de lo poco que ganaba lavando ropa para enviárselo a su hijo recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT).

Cuando llegaba al centro penal, compraba una tarjeta para que él pudiera adquirir productos básicos en el economato. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que algo no cuadraba.

"Yo daba 250 lempiras y cuando hablaba con él (su familiar) me decía que solo le habían dado una tarjeta de 200. Uno preguntaba y nadie explicaba nada", relató la mujer.

La situación se repitió en varias familias y en la misma cárcel, según testimonios recopilados por LA PRENSA Premium. Otra capitalina, que prefirió no brindar su nombre, contó que cuando compraba tarjetas de 150 lempiras para su familiar en Támara, este recibía una por apenas 100 lempiras.

"Siempre faltaba dinero. Era poquito tal vez, pero para uno que hace sacrificios para reunirlo sí pesa, peor en familias como la mía que vivimos con lo del día, viendo cómo hacemos", lamentó.

Un tercer familiar de otro privado de libertad aseguró que entre las visitas en el centro penal era común escuchar las mismas quejas.

"Uno nunca decía nada por miedo a que no le dejaran ver al pariente o que lo trataran mal ahí metido, pero eso pasaba a la vista de todos y a nadie le importaba", relató.

"Los militares se quedaban con una comisión, la que ellos consideraran. De hecho, muchas veces escuchamos que le decía uno al otro (militar) que no tenían que comprarle nada al privado de libertad, que ese dinero (de los economatos) era para vivir ellos", agregó la entrevistada.

Las historias narradas por familiares guardan similitud con las irregularidades que han salido a la luz tras la investigación de LA PRENSA Premium sobre el desfalco de más de ocho millones de lempiras en el sistema de economatos de la Penitenciaría Nacional de Támara por parte del exdirector, el coronel Juan Carlos Osorto.

Según conoció este medio, los usuarios entregaban dinero a los encargados del área a cambio de tarjetas, indicando el nombre, módulo del privado de libertad y el monto a comprar, sin que en todos los casos se extendiera comprobante de la transacción.

Posteriormente, esos fondos eran concentrados y trasladados a la dirección del centro penal, desde donde, en coordinación con el área administrativa, se definía el pago a proveedores y la distribución de los recursos.

De acuerdo con una fuente oficial, parte del dinero no habría sido utilizado para cubrir compromisos con proveedores de alimentos y bebidas, lo que habría generado deudas internas y un manejo cuestionable de los fondos.

Asimismo, se señala que existía una diferencia entre el monto entregado por los familiares y el costo real de algunos productos o servicios, lo que habría generado márgenes que, según la denuncia, no eran reportados ni reinvertidos en el sistema, sino que formarían parte del desfalco.

Durante varios meses de 2025, cuando las autoridades implementaron las tarjetas para que privados de libertad compraran artículos de necesidad básica, la información circuló como comentarios entre familiares y privados de libertad, pero ahora también aparece reflejado en versiones oficiales.

De hecho, una resolución judicial recoge denuncias sobre descuentos injustificados en las tarjetas utilizadas para realizar compras dentro de los centros penales.

LA PRENSA Premium accedió al expediente JESPSEP-05Q-2025, emitido por el Juzgado de Ejecución con sede en El Progreso, Yoro, donde los privados de libertad denunciaron que el dinero entregado para las compras en el economato no coincidía con el saldo que finalmente recibían.

"(Los privados de libertad) manifestaron que a la mayoría les quitaron el dinero y que no les dieron recibo, aparecieron con las tarjetas, pero si la persona les había dado L250, solo les dieron tarjeta de L200, desconociendo qué pasó con el saldo que quedaba a su favor", dice el texto.

"Los internos ubicados en el módulo uno expresaron que se les quitó el dinero en efectivo que portaban, no se les dio las tarjetas, tampoco se les devolvió el dinero en efectivo, expresaron que la totalidad del dinero era como L8 mil entre todos y desconocen el fin que le dieron al dinero", agrega.

La jueza estimó la queja colectiva presentada por privados de libertad y sus familiares sobre el funcionamiento de los economatos y el sistema de tarjetas, al considerar que la autoridad penitenciaria debe "transparentar este servicio".

En la resolución ordenó la implementación de mecanismos de control y auditoría, incluyendo un sistema informático que permita registrar diariamente las compras y ventas realizadas dentro de los economatos.

Asimismo, advirtió que el administrador del economato debe mantener "un control indubitado" sobre el dinero que los internos y sus familias entregan a través de las tarjetas, ya que de lo contrario "se está abriendo una puerta a la corrupción y a la vulneración del derecho a la propiedad tanto de los internos como de sus familias".

La jueza también recordó que el dinero utilizado para adquirir las tarjetas pertenece principalmente a los familiares de los privados de libertad y señaló la necesidad de reglamentar de forma específica el funcionamiento de los economatos y el uso de las tarjetas para garantizar un manejo transparente de los recursos.

La mayoría de los fondos enviados a los privados de libertad provienen de madres, esposas o hermanas que realizan pequeños trabajos, ventas informales o jornadas de empleo doméstico para apoyar a sus parientes.

"Hay gente que pasa toda una semana vendiendo tortillas o haciendo aseo para reunir esos 200 o 300 lempiras. Por eso duele cuando parte de ese dinero desaparece sin respuesta alguna", expresó doña Marta.

Las denuncias sobre presuntos descuentos en las tarjetas de los economatos se suman al escándalo por el manejo de estos establecimientos penitenciarios, que actualmente se encuentra bajo investigación, según informó el capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas.

Tras destaparse el caso de corrupción, las autoridades suspendieron a Osorto Castillo y eliminaron el sistema de tarjetas utilizado en los centros penales. Como medida inmediata, los economatos volvieron a operar con dinero en efectivo, poniendo fin temporalmente al mecanismo que casi un año fue utilizado para las compras dentro de los recintos penitenciarios.

Pese a los señalamientos de familiares, los hallazgos plasmados en la resolución judicial y las revelaciones sobre el millonario faltante detectado en Támara, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no ha informado si ha iniciado investigaciones específicas para determinar qué ocurrió con el dinero que, según los testimonios, nunca llegó a manos de los privados de libertad.