TEGUCIGALPA.

Desde diciembre de 2017, los diputados del Congreso Nacional empezaron a conspirar para debilitar las acciones de la Fiscalía, a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) y de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (Maccih), luego que estas presentaron el caso de corrupción de la Red de Diputados.

Ese fue el primer golpe contra los funcionarios públicos, bajo el esquema de equipos integrados de investigación (Ministerio Público-Maccih) y de persecución penal, que hizo que los legisladores pusieran las barbas en remojo.Lo que creyeron que sería otro elefante blanco se convirtió en una pesadilla para los parlamentarios.

La última acción es la aprobada en el Congreso móvil celebrado en Choluteca, cuando nacionalistas y liberales elevaron las facultades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y disminuyeron las de los fiscales, lo que les garantiza la poca o nula investigación considerando que el organismo no tiene las habilidades de la Fiscalía.

Las reformas a la Ley del TSC 1-Reserva.Los servidores públicos que tengan conocimiento de infracciones o violaciones a normas legales en la función pública, deben comunicarlo inmediatamente a su superior jerárquico o al TSC, garantizándoles la reserva de su identidad. 2-Investigaciones.La facultad de investigar las operaciones prescriben en cinco años en asuntos administrativos, diez años en asuntos civiles y 20 años en asuntos penales contados a partir de la fecha en que el funcionario haya cesado en el cargo. 3-Información.Para el desempeño de las funciones del Tribunal, los organismos, dependencias del Estado, empresas mercantiles, bancos, onegés, están obligados a suministrar al Tribunal toda la información que solicite relativa a todas las investigaciones que realice.

“Cuando vieron que la Ufecic/Maccih se involucró en temas del saqueo del Seguro Social y prosperó la denuncia de Libre para judicializar el caso Red de Diputados, las bancadas de nacionalistas y liberales aprovecharon la aprobación de la Ley General de Presupuesto e introdujeron, sin haberlo aprobado, una reforma que bloqueaba a la Fiscalía para investigar la malversación de caudales públicos”, explicó Jari Dixon, diputado de Libertad y Refundación ( Libre).

Ese apenas era el comienzo de una serie de maniobras que desde el Congreso, Poder Ejecutivo y Judicial se tejieron y que hoy tiene debilitada a la Fiscalía para investigar diversos actos de corrupción.

Las maniobras

Un primer paso ha sido reformar leyes que les otorgaba inmunidad, aprobar el nuevo Código Penal que suaviza penas contra la corrupción, dar facultades a organismos como el TSC para realizar las auditorías, y haber reglamentado el Fondo Departamental, todo parte de la estrategia que desde el Congreso se planificó para blindarse y evitar el acecho de la Fiscalía.

“Cuando se reforman leyes que tienden más bien a darle oscuridad, opacidad a los recursos públicos, queda la sensación de que efectivamente, se da un retroceso en ciertos aspectos como con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Datos -13 casos judicializados Abarcó actuales diputados, excandidatos a presidencia y ex Primera Dama. -4,000 Millones de lempiras Según investigadores, fondos del Estado, manejados por onegés.

De manera indirecta se le cercenaron las facultades al Ministerio Público y al propio Poder Judicial”, refirió Mario Díaz, coordinador de los Tribunales de Sentencia.

En dos años, la bancada del Partido Nacional, con apoyo de algunos liberales y miembros de otros partidos, a excepción de Libre y del Pinu, aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del

Presupuesto, la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, así como la Ley General de la Administración Pública, Ley Orgánica del Congreso Nacional (aprobada con 121 votos), Ley de

Clasificación de Documentos Públicos en materia de Seguridad y Defensa, Ley del Fuero Legislativo, reglamentaron el Fondo Departamental, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Maccih, reformaron el Código Penal.

Foto: La Prensa

Por último, los diputados a matacaballo y pese a la oposición de dos bancadas, determinaron que únicamente el Estado, por medio de los órganos jurisdiccionales, podrá tener acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas, bajo observancia de procedimientos legales.Esto limita aún más el accionar de la Fiscalía General a través de su brazo, la Ufecic.

Con la reforma, unos 700 casos que implican a diputados de administraciones anteriores no se investigarán. Se trata, la mayoría, de organizaciones no gubernamentales que manejaron millones de lempiras y que ahora quedan bajo este blindaje, según se informó.

Buscan protección

Pero las medidas adoptadas por los “padres de la patria”, solo tienen un fin: protegerse.

“En el Tribunal Superior de Cuentas, ellos no tenían todo el control, pero ahora les están dando las facultades necesarias para que sea la institución que los proteja, que maneje administrativamente cualquier irregularidad, robo, saqueo, malversación pública, enriquecimiento ilícito. Así el Tribunal de Cuentas lo arregla”, dijo René Adán Tomé, exfiscal por la defensa de la Constitución.

Primer caso Red de Diputados fue el que alertó a los parlamentarios del accionar de la Ufecic y donde comenzó el blindaje. En este caso fueron acusados Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia. El caso fue archivado y se trasladó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El bloqueo se fue consolidando y en menos de dos años, el debilitamiento del Ministerio Público casi está consumado. Pero no ha existido la misma agilidad en el Congreso Nacional para derogar la Ley de Secretos, que a juicio de analistas, también está impidiendo que la Maccih haga investigaciones en las inversiones público privadas y en las asignaciones para militares.

“Emiten acuerdos ministeriales para que la Maccih no los investigue, pero no quieren aprobar por ejemplo la Ley de Colaboración Eficaz, que sería un instrumento útil para llegar a los peces gordos”, dijo Jari Dixon.

Prácticamente con todas las medidas adoptadas, el Ministerio Público está supeditado al TSC.

Los legisladores han puesto piedras en el camino y esto, según el diputado Jari Dixon, solo obedece a acuerdos entre los poderes del Estado que no quieren la intervención de la Ufecic/Maccih, en el manejo de los recursos, donde de los 13 casos judicializados por la Fiscalía, muchos de esos fondos fueron utilizados para gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, entre otros.

“En este bloqueo hay gente del Partido Nacional y Liberal y esto sin contar con el bloqueo de la Corte Suprema de Justicia, que a casi todos los acusados les ha dado medidas o les ha anulado los procesos bajo el principio de que si no hay dictamen del Tribunal de Cuentas, no se da paso al proceso”, explicó el legislador.

3 claves del blindaje: La renuncia del exvocero de la Maccih Juan Jiménez Mayor fue una de las consecuencias de las presiones de funcionarios.

“Intencionalidad es blindarse para cerrar eslabones” TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió ayer un comunicado señalando que la intencionalidad de algunos diputados del Congreso Nacional es únicamente blindarse para cerrar todos los eslabones que limitarán la denuncia, persecución penal y todo acto que vaya encaminado a combatir el matrimonio perfecto de la corrupción e impunidad en el país. “El Poder Legislativo sometió a aprobación en sesión legislativa celebrada en el Congreso Móvil de Choluteca, reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que únicamente van encaminadas a fomentar la delincuencia organizada de quienes hoy ostentan el poder y se han visto vinculados en actos bochornosos de corrupción”, destaca el documento. Esas reformas aprobadas, según el CNA, no son nada más que acciones de impunidad consumadas por parte de algunos diputados, que ante el temor se blindan para que en ningún momento la Ufecic pueda ejercer acciones penales. “Las reformas aprobadas limitarán los procesos investigativos que se están desarrollando en contra de muchos funcionarios por el delito de enriquecimiento ilícito, porque se establece la imposibilidad que la ciudadanía tendrá para acceder la información pública sobre las declaraciones de bienes y patrimonio de los funcionarios”, refiere. El CNA ha presentado 94 líneas de investigación de casos de corrupción. CNA. Denuncia que se limitan las investigaciones.