Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, ésta es la reacción del sector empresarial al conocer la versión, ya oficial por su publicación en el diario oficial La Gaceta, de la Ley de Protección Social de la que el Gobierno echó mano para aminorar el daño que se venía encima al ir destapando la olla del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS) que más de un año después sigue sorprendiendo y no se ha sacado todo el caldo para ver el fondo.
La explicación no deja también de sorprender puesto que se echa por la borda todo aquello de la socialización y del consenso al que se someten las iniciativas para enriquecerlas, despojarlas de visión partidista, oportunista o sectaria y así lograr del instrumento jurídico una herramienta idónea para la consecución de metas y objetivos. La palabra y el discurso presentaron utopías que a la hora de la hora tendrán los nefastos antecedentes de la “deuda histórica” o de la “morosidad” del “nombrador” de directivos y ejecutivos en organismos públicos.
Complejo el análisis de las diferencias halladas, pero dos son de alto riesgo, puesto que se abre la puerta o, mejor, no se cierran las puertas a los abusos de autoridad que se han venido ejecutando en la administración de los recursos de los organismos públicos, en cuyas arcas se reciben las cuotas y cotizaciones para beneficio directo de los afiliados no para absorber las nefastas secuelas de un gasto ordinario creciente sin respaldo fiscal.
El grupo técnico de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés que analizó la ley, señaló que uno de los más graves riesgos en el que han caído casi todas las administraciones es eliminar el límite en las inversiones de los institutos de previsión para el fortalecimiento de la red integral de salud pública, hacia donde una junta directiva, dirección o gerencia podrán encauzar activos porque queda el arca abierta y con una orden o, simplemente, una señal o gesto desde la Presidencial es claro que donde manda capitán no gobierna marinero.
“No solo es el artículo 19, también el artículo 10 donde desapareció el compromiso que había hecho el Gobierno de invertir el 20% del impuesto sobre ventas en inversiones sociales”. En la publicación el compromiso se reduce a la sana intención de revisar anualmente los valores aportados por el Estado asociados al crecimiento económico y que “guarden el adecuado equilibrio entre las necesidades esenciales de la población atendida y la capacidad fiscal del Estado”.
¿Necesidades? Cuasi infinitas. Capacidad fiscal, cuasi nula, pues las prioridades no van en la ruta de pobreza. Ya hubo todo un entramado oficial estratégico con recursos millonarios de la condonación para reducir la pobreza y los resultados están a la vista. Por ello, los números hablan no las supuestas buenas intenciones.
