Lo que está a la vista no necesita anteojos, dice el refrán, por lo que sobran la palabras al referirnos a la entrega de placas para los vehículos, cuyo rezago por años a causa de la disidia e incumplimiento de los deberes de los funcionarios en la Dirección Ejecutiva de Ingresos llegó a desbordar las posibilidades de atención oportuna, contribuyó al incremento e impunidad de la delincuencia y fortaleció la cultura de última hora, tan pegada en los hondureños al quehacer necesario.
Hasta antes de los operativos, con participación también de personal del Instituto de la Propiedad (IP), para el decomiso de automotores sin identificación visible, la pasividad, mejor mañana y el desinterés mantenían atrapada la voluntad de los propietarios, quienes solo ante el temor real de quedar a pie se han volcado en masa a las oficinas para la obtención de la matrícula.
Una sacudida reciente que duró los días previos a la Semana Santa fue el aviso de lo que se venía, pero ni así creció la demanda para evitar los trastornos que, ahora, a última hora y a la carrera, centenares de personas tratan de prevenir, pues tres son los “regalos” inmediatos: incautación del vehículo, decomiso de licencia de conducir y aplicación de una multa de 400 lempiras. Y así quién no se va a preocupar, echar carrera, integrar fila kilométrica o buscar a alguien que le haga el “mandado”.
En el ambiente de violencia, con altos índices de criminalidad, en el que intentamos subsistir los hondureños resulta incomprensible tanta larga dada a la identificación visible de los vehículos y, pese a la movilización en ellos de los autores materiales de los homicidios, las autoridades no han actuado con urgencia y prontitud, sino que una y otra vez el anuncio del fracaso de la licitación, para colmo internacional, contribuía a la impunidad y a una mayor indefensión de las víctimas.
A partir del primero de julio, los vehículos sin identificación visible, chacharita o nave, deben desaparecer de la circulación sin excusa, pues en caso de que el IP no provea las placas será responsabilidad de los funcionarios y a ellos habrán de exigirles las agencias automotrices y los propietarios. Cara de yo no fui ponía un alcalde que en vehículo del Estado fue requerido por la Policía en uno de los retenes. Desde arriba ha de venir el ejemplo y no, como hasta ahora, el abuso y la prepotencia que tan rápidamente contagian a los demás.
En el IP se multiplican para atender a los ciudadanos, cuya desesperación tiene como explicación, en la mayoría de los casos, la cultura del último minuto que abona la corrupción e incrementa la irresponsabilidad en las instituciones públicas y en los ciudadanos. Lo que está a la vista no necesita explicaciones, justificaciones ni... anteojos.
