Ante la gravedad de la situación, entendida y enfrentada con valentía por el Gobierno, una ley como la recién aprobada por el Congreso Nacional para la protección de operadores de justicia, personal de derechos humanos y periodistas da respuesta en el campo jurídico a una demanda inocultable, pero el problema sigue ahí, pues al sicario y al contratador de sicario no lo sujetan por decreto. Sin embargo, todas aquellas medidas de prevención que fortalezcan la seguridad de estos profesionales son también en defensa y protección de todos los ciudadanos que anhelan eliminar los “muros” que les privan de libertad.
La complejidad de la situación supera las iniciativas parlamentarias, aunque son necesarias y saludables; exige la acción policial determinante como disuasión; requiere la diligencia y valentía de los operadores de justicia para eliminar la impunidad y demanda el compromiso de todas las fuerzas sociales para defendernos del tsunami que nos arrastra.
Se hace y se seguirá haciendo, señala el Gobierno, todo lo necesario para sanear el ambiente para que todos los hondureños sean protagonistas de una convivencia armónica en la que los derechos humanos sirvan de guía en las decisiones, ajustadas al respeto y cumplimiento de esos derechos fundamentales de las personas, el primero de ellos, la vida.
La instalación y funcionamiento, a petición del Gobierno, de una oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en nuestro país contribuirá a mejorar la atención a las denuncias y a colaborar con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los organismos públicos y la sociedad civil.
“Esperamos el compromiso del Gobierno. Es una obligación del Estado de Honduras de restablecer el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida como el más importante. Creemos que hay un compromiso de establecer estos derechos que se han perdido y ese es un paso importante en la vida del país”, reacciona el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Rodolfo Dumas, al referirse a la ley aprobada que hallará un eficiente marco de referencia con la presencia del organismo de la ONU en la capital.
El instrumento jurídico precisa de un reglamento, pero ya en el decreto aprobado se identifica la fuente de los recursos para hacer efectiva y dar cumplimiento al mandato para proteger la vida e integridad física de los profesionales, cuya vulnerabilidad es mayor por el desempeño de funciones en el sector público o responsabilidades en el privado.
Ojalá que la diligencia sea motor para integrar el Consejo Nacional de Protección y así atender con prontitud todos aquellos casos en los que la evidencia de riesgo o peligro haga actuar de inmediato para proteger vidas e ir recuperando la seguridad, arrebatada en malos gobiernos por el crimen organizado y la delincuencia común.
