San Pedro Sula, Honduras.
De aquellos lodos, estos polvos aún, reza el adagio popular que ojalá podamos aplicar al sistema público de salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social con la acción eficaz de las interventoras que hallen eco y respaldo en los operadores de justicia para compensar el daño hecho a miles y miles de hondureños y sentar precedentes con la represión del delito y el castigo a los delincuentes.
Recientemente, en el informe elaborado sobre el hospital Mario Rivas resaltaban hechos que solo en un ambiente de impunidad generalizada y deshonestidad individualizada se pueden dar. Sin embargo, pese a estar ahí y conocerse, el silencio cómplice contribuyó al deterioro del sistema de salud, cuyo rescate será posible, a juzgar por los criterios de las autoridades, con 1,200 millones de lempiras al año; pero con exigencia, algo así como imperativo categórico kantiano, de poner al frente “gente capaz, con conocimiento de gerencia”.
En el Seguro Social los avances de la interventora van estabilizando el sistema de manera que han pagado incapacidades atrasadas, no todas; las medicinas van llegando a las farmacias, aunque aún hay faltante incluso en el cuadro básico. En general, la atención médico-hospitalaria se va recuperando como también se observa en el estado financiero por la reducción del déficit que, según los miembros de la comisión interventora, de los 250 millones mensuales en rojo a final de año, la cifra descendería a 100 millones.
Al analizar la planilla laboral, tanto en salud pública como en el Seguro Social, la burocracia, lo administrativo dispone de la mayor tajada en detrimento del personal sanitario, médico, así como de los medicamentos y equipo.
En el Mario Rivas “necesitaríamos incorporar 80 enfermeras profesionales, tenemos alrededor de 125; de auxiliares de enfermería requeriríamos de inmediato de 100 o 145 para atender áreas críticas de hospitalización, donde para atender a 30 o 40 pacientes queda una enfermera en un turno de noche”, explica el presidente de los interventores del mayor hospital de la zona norte.
En el IHSS, la ruta va en dirección opuesta, pues ha habido acciones para reducir el costo de la planilla, en la que se hallaban incorporados más de 6,000 empleados, de los cuales 500 han sido despedidos. “Era personal, no necesario para el IHSS; la administración tiene un carga administrativa bastante pesada que no requiere”, expresa la presidenta de la comisión interventora.
En el deterioro de la calidad en los servicios de salud, las víctimas del saqueo, de la corrupción, son los derechohabientes en la seguridad social y los más pobres que llegan al hospital Rivas. También por el daño a ellos causado, incluyendo las muertes, debieran constar en las pruebas judiciales. La reparación no será total, pero al menos que resplandezca la voluntad de hacer justicia a las víctimas del saqueo.
De aquellos lodos, estos polvos aún, reza el adagio popular que ojalá podamos aplicar al sistema público de salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social con la acción eficaz de las interventoras que hallen eco y respaldo en los operadores de justicia para compensar el daño hecho a miles y miles de hondureños y sentar precedentes con la represión del delito y el castigo a los delincuentes.
Recientemente, en el informe elaborado sobre el hospital Mario Rivas resaltaban hechos que solo en un ambiente de impunidad generalizada y deshonestidad individualizada se pueden dar. Sin embargo, pese a estar ahí y conocerse, el silencio cómplice contribuyó al deterioro del sistema de salud, cuyo rescate será posible, a juzgar por los criterios de las autoridades, con 1,200 millones de lempiras al año; pero con exigencia, algo así como imperativo categórico kantiano, de poner al frente “gente capaz, con conocimiento de gerencia”.
En el Seguro Social los avances de la interventora van estabilizando el sistema de manera que han pagado incapacidades atrasadas, no todas; las medicinas van llegando a las farmacias, aunque aún hay faltante incluso en el cuadro básico. En general, la atención médico-hospitalaria se va recuperando como también se observa en el estado financiero por la reducción del déficit que, según los miembros de la comisión interventora, de los 250 millones mensuales en rojo a final de año, la cifra descendería a 100 millones.
Al analizar la planilla laboral, tanto en salud pública como en el Seguro Social, la burocracia, lo administrativo dispone de la mayor tajada en detrimento del personal sanitario, médico, así como de los medicamentos y equipo.
En el Mario Rivas “necesitaríamos incorporar 80 enfermeras profesionales, tenemos alrededor de 125; de auxiliares de enfermería requeriríamos de inmediato de 100 o 145 para atender áreas críticas de hospitalización, donde para atender a 30 o 40 pacientes queda una enfermera en un turno de noche”, explica el presidente de los interventores del mayor hospital de la zona norte.
En el IHSS, la ruta va en dirección opuesta, pues ha habido acciones para reducir el costo de la planilla, en la que se hallaban incorporados más de 6,000 empleados, de los cuales 500 han sido despedidos. “Era personal, no necesario para el IHSS; la administración tiene un carga administrativa bastante pesada que no requiere”, expresa la presidenta de la comisión interventora.
En el deterioro de la calidad en los servicios de salud, las víctimas del saqueo, de la corrupción, son los derechohabientes en la seguridad social y los más pobres que llegan al hospital Rivas. También por el daño a ellos causado, incluyendo las muertes, debieran constar en las pruebas judiciales. La reparación no será total, pero al menos que resplandezca la voluntad de hacer justicia a las víctimas del saqueo.
