Apenas había terminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de presentar su informe sobre el sistema carcelario nacional cuando la violencia y la muerte volvieron a marcar el quehacer de la Penitenciaría Nacional en Támara. Nada que no sepamos dijo la misión internacional, cuyos miembros resaltaron “la responsabilidad del Estado” en la gravísima situación de las cárceles nacionales.
“Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda del sistema carcelario”, señaló Rodrigo Escobar Gil, relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Cidh.
¡No pide nada! Si hasta no hace mucho tiempo al hacinamiento y a las instalaciones se limitaba la preocupación de funcionarios internacionales, ahora, perdido el mando, armas y explosivos se hallan en manos de reclusos. En el centro penitenciario “hubo disparos con armas de grueso calibre como ametralladoras AK-47 y granadas”, comentó José Augusto Ávila, presidente de la Comisión Interventora de los Centros Penales.
Nuevamente está Honduras ante el asfixiante hoy al que se responde con improvisaciones inmediatas, dictadas no por las autoridades, sino impuestas por la necesidad, de manera que introducir “crisis estructural” cuando las coyunturas cabalgan a diario en la incapacidad, es apelar a un cambio que no llegaría ni con el armagedón.
Lo más grave no es “la ausencia, durante décadas, de políticas integrales”, en las que se contemple y se haga efectiva la labor de rehabilitación de los presos, sino las instalaciones donde, por lo menos, haya las mínimas condiciones humanas y disminuyan los riesgos de tragedias como las de la granja penal de La Ceiba y los presidios de San Pedro Sula y Comayagua. Y en ese submundo, donde la supervivencia es moneda de circulación ordinaria, no llega ni el más pequeño atisbo de mejoramiento, aunque sea para intentar garantizar la seguridad de los hondureños extramuros.
El disimulo o, mejor, la desidia con que es contemplado el esfuerzo de un grupo de personas en la capital industrial del país para construir la granja penal por la seguridad de los reos y de miles de familias en barrios y colonias cercanos al presidio sampedrano, evidencia que ni la crisis estructural ni lo coyuntural tendrán una “urgente y contundente” respuesta.
¿Cómo entran las armas y explosivos a los presidios? Con la mayor impunidad y colusión, pues como recientemente publicó LA PRENSA, “es un mando compartido” y aquí sí que se aplica lo de donde manda capitán no gobierna marinero. Disminuirá la tensión, por unos días, pero sigue activada la bomba “con el reinado delictivo en las cárceles”.
