La reciente polémica sobre la carretera que se construyó en una parte de La Mosquitia, sin autorización, ha dejado abiertas las dudas sobre cuál es su propósito real, cómo llegó a construirse sin ningún permiso y qué pasará con la vía, un debate que expuso —de nuevo— la situación que sufre este territorio abandonado a un ritmo lento y difícil para sus empobrecidos pobladores, y acelerado y provechoso para poderosos y narcotraficantes que están destruyendo su riqueza natural.
Hace dos años una organización de ambientalistas denunció el terrible crecimiento de la ganadería y la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano y alertaba que el área había perdido más del 10 por ciento de su cobertura arbórea entre 2001 y 2017. Ahora sabemos que ni la pandemia fue capaz de detenerlos, porque la deforestación aumentó un 72 por ciento.
En cinco años, la devastación suma miles de hectáreas de bosque de la reserva natural, porque se ha fomentado la venta clandestina de tierras para dar paso al cultivo de palma africana y a la ganadería, señalan varios informes sobre este que es patrimonio de la humanidad. Allí mismo, donde la ceguera de las autoridades permitió la construcción de la controversial vía de 28 kilómetros con un financiamiento que no está claro.
Tampoco ha quedado claro quién resulta más beneficiado con la carretera, si las comunidades locales abandonadas y desprovistas de infraestructuras o las rutas del narcotráfico que facilitan el saqueo de madera y las operaciones para la ganadería y agricultura.
“No promovemos actos de venta ilegal de tierras a terceros, ni la construcción de pistas clandestinas, ni promovemos, ni respaldamos el divisionismo, ni el conflicto en las organizaciones indígenas legítimas y legales”, señala el pronunciamiento que inició el último debate, firmado por seis consejos indígenas y la Federación Indígena Tawahka de Honduras.
Reclaman “una inmediata investigación del Ministerio Público a las personas que promueven la supuesta autonomía y apertura de carreteras ilegales”, además de campañas sobre la ilegalidad de comprar tierras comunitarias indígenas para “establecer fincas ganaderas, destruyendo sin control el bosque y propiciando la cacería de especies en peligro de extinción”.
Demandan que la autoridad proteja los bosques y atienda con prontitud las necesidades básicas de alimentación, salud y educación para sus habitantes cuyos índices de desarrollo humano van mermando tan rápido como la belleza natural en esta parte privilegiada de Honduras. Que no pasen otros dos años para dar esas respuestas que reclaman en La Mosquitia.
