Es lógico que deben ponerse los medios para un retorno seguro y con un mínimo de riesgos, y eso pasa por la vacunación de todo el personal docente y administrativo de los centros educativos, así como de la implementación de las correspondientes medidas de bioseguridad para la actividad diaria. Lo primero depende de las autoridades sanitarias del país, así como de las del IHSS, que deben priorizar al personal señalado en las actuales y subsiguientes etapas de vacunación y, respecto a lo segundo, ya se cuenta con el protocolo necesario para asegurar el bienestar de los educandos.
Tenemos la ventaja de que, en varias comunidades del país, sobre todo en el interior, ya se ha probado con éxito el protocolo de bioseguridad, desarrollado con la colaboración de organismos internacionales, y que, en muchos otros países, incluyendo los del área centroamericana, ya se ha hecho un retorno gradual y responsable a clases, sin que se hayan reportado mayores problemas en el proceso.
Un sistema educativo ya deficiente antes de la pandemia no puede continuar detenido. La brecha en cuanto a calidad en los servicios educativos que desde hace tiempo existe entre los subsistemas público y privado no debe continuar profundizándose.
El asunto es extremadamente delicado; si la educación se detiene, se hipoteca el futuro de Honduras. Además, siendo descarnadamente realistas, los que están resultando más afectados son los hijos de los menos favorecidos, de los pobres, de los que no tienen otra posibilidad de recibir otra educación que la que brinda el Estado. Así que manos a la obra.
A vacunar a todos los docentes y a los que hacen posible el funcionamiento de las instituciones educativas y a implementar las medidas indispensables para no poner en riesgo a nadie. Se trata de asegurar el futuro de Honduras, nada menos.