En estos días se espera la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y México, para dar seguimiento al tema migratorio que, como ya lo hemos resaltado en este espacio, requerirá no solo de acciones urgentes a corto o mediano plazo para frenar las caravanas y ordenar el flujo de centroamericanos, sino hará falta el apoyo para atender las causas. Y ese ha sido el mensaje que ha dado la administración del presidente Joe Biden.
La propia vicepresidenta Harris ha declarado que hay interés de su país en “entender las raíces” de la migración y de cómo la corrupción ha alentado las oleadas de gente que no halla estabilidad en sus países de los que huyen de la violencia, inseguridad y la falta de trabajo, los problemas que reportan al pedir asilo.
“Las personas de El Salvador, Guatemala, Honduras están abandonando sus hogares a un ritmo alarmante. Pero hay una verdad fundamental detrás de ese titular: las personas de la región no quieren dejar su país”, dijo la señora Harris hace unos días al hablar sobre la migración irregular en los países que conforman el llamado Triángulo Norte.
La desigualdad, falta de acceso a servicios básicos como la salud, educación y las oportunidades de empleo sabemos que son parte de esas causas para que miles emigren cada año desde Honduras, un país donde más del 65% de sus habitantes son pobres.
Esas causas, exacerbadas por la pandemia y la devastación dejada por los huracanes de noviembre pasado, aumentaron el flujo hacia la frontera sur de EE UU, donde más de 172,000 indocumentados, incluidos casi 19,000 menores no acompañados, fueron detenidos en marzo, un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años.
Para frenar esta crisis, la administración Biden pidió al Congreso estadounidense 861 millones de dólares para atender esas causas que impulsan la inmigración irregular desde Centroamérica, un fondo que es parte de su plan de 4,000 millones de dólares para la región.
Además de resolver la llegada de migrantes, está pendiente que el Congreso de ese país apruebe las reformas para solucionar de forma definitiva la situación de los llamados “dreamers”, jóvenes que emigraron como niños a Estados Unidos, y la legislación para permitir que los trabajadores agrícolas obtengan un estatus legal, igual que aquellos que se encuentran en aquel país bajo el TPS, un estatus de protección temporal. Sin duda, la visita de la vicepresidenta Harris es clave, otro paso que alienta y vemos con optimismo.
