Cuando hace cuatro meses venían hacia Honduras los primeros dos hospitales móviles, de los siete comprados ante la emergencia del covid-19, la expectativa fue tal que los medios de comunicación iban mostrando la ruta del barquito que los traía hasta que llegaron el 10 de julio a Puerto Cortés. En aquellos días aún persistía un halo de esperanza de que la millonaria compra no alcanzara los niveles del monumental desastre que ya se estaba anticipando.
Hace unos días arribaron otros dos hospitales —para Choluteca y Santa Rosa de Copán— fabricados y enviados desde la empresa proveedora en Turquía. Pero esta vez nadie le dio seguimiento a la ruta de la embarcación, hubo poca cobertura. Y no es que se perdió el interés en el tema, con todo el ribete de escándalo, es quizá porque la frustración pudo más que la esperanza, la negligencia enterró el optimismo y la pesadumbre, ese sentimiento de pena, nos ha alcanzado a la mayoría.
Entre más informes, auditorías y opiniones aparecen sobre el estado de lo que se ha traído hasta ahora, es mayor el pesimismo; porque no se trata solo de una sobrevaloración abismal, como se ha señalado, sino que han surgido dudas de que lleguen a cumplir su propósito cuando finalmente estén activos.
La Fiscalía trabaja en 22 líneas de investigación por compras en la pandemia —las principales sobre estos hospitales— y asegura que habrá nuevos requerimientos incluso solicitando asistencia a Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Turquía. El Consejo Nacional Anticorrupción mantiene el dedo en la llaga.
Y la última referencia ha sido la del Tribunal Superior de Cuentas que confirmó las irregularidades en la compra de estos hospitales. No se verificó, no se investigó, nunca se supervisó, hubo tolerancia, “buena fe…”, porque aquí nos pueden dar “atol con el dedo”.
El informe se refiere también a irregularidades en la compra de mascarillas, respiradores incompletos, a las 250,000 pruebas echadas a perder y a los atrasos en entregas de suministros. Se actuó en “perjuicio a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19 impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”, cita el informe.
Y así es, esas acciones, desafortunadas o perversas, obstaculizaron una mejor estrategia en los meses críticos, contribuyeron al estado de intranquilidad de la sociedad, agravaron la incertidumbre y ocasionaron daños colaterales. Alentaron el estado de tribulación, de pesadumbre y tristeza que nos trajo la pandemia.
