San Pedro Sula, Honduras
Lo que está a la vista no necesita anteojos señala la sabiduría popular y solo los contumaces en la consecución de particulares intereses tratan de “ignorar” la realidad golpeadora de la que no pueden escapar en una de las mayores emergencias en la historia reciente del país.
En principio la emergencia se limitó al ámbito sanitario del que surgieron voces de desesperación por la limitadísima capacidad de atender las necesidades de la pandemia que los hondureños vimos de lejos en los dos primeros meses de año, pero que nos llegó con tal fuerza en marzo que nos mantiene aún postrados y con escasas posibilidades de recuperación a corto tiempo.
En este ambiente de cadena nacional diaria para conocer la situación sanitaria con pocas muestras y sus resultados, con el número de enfermos en los hospitales y la cifra de víctimas mortales, la “ignorancia” trata de apoderarse de otra gran crisis como si el no cuantificar sus consecuencias fuese remedio y consuelo en el mundo de las finanzas, de las oportunidades de empleo, del ingreso familiar y de los recursos del Estado y de supuestas estadísticas con optimismo tan irreal como absurdo.
Pongamos tres ejemplos: en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, los ingresos caen en casi dos mil millones de lempiras por escasa demanda del servicio. La Empresa Nacional Portuaria que desarrolló una gestión de 24/7 en la pandemia, no ha visto entrar en sus arcas 120 millones de lempiras que serían las utilidades en condiciones normales. En el RAP un 56% de las empresas dejaron de cotizar.
Más necesario y urgente es conocer la situación financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social durante el primer semestre al que habría de añadir ya el tercer trimestre del año. La demanda de atención creció por la pandemia, pero los ingresos tuvieron que disminuir sustancialmente por el desempleo y el cierre de empresas, lo cual será la tónica en los próximos meses y el año venidero.
Pero ni la junta interventora, ni directivos empresariales o de los trabajadores se han referido a ello y como después del saqueo la evidencia quedará plasmada en escasez de medicamento, en mora quirúrgica, en falta de personal, en congelamiento en obras para ampliar la atención a los derechohabientes y a los que se pudieran integrarse por decreto sin garantía de cotización que haga justicia a quienes puntual y religiosamente pagan las planillas.
En conclusión: necesitamos el estado de cuenta real para evaluar el peso de pandemia en las posibilidades y oportunidades de atención, hospitalización, incapacidades y pensiones en el Seguro Social. La justicia comienza en casa, los derechohabientes porque cotizan.
