Recientemente nos referíamos a la responsabilidad por hechos u omisiones, lo mismo que a su costo civil, penal e, incluso, político de manera que se cierren los amplios portones de la impunidad que tanto daño causa a la sociedad y dolor a miles de familias.
Nuestro silencio editorial, recogimiento, ante la barbarie contra los cuatro jóvenes policías en el cumplimiento de su deber fue muestra de respeto por el dolor de las familias y de la institución policial, pero pasado el duelo, como dicen en el pueblo, hay que emprender la ruta para ahondar en la verdad de los hechos e identificar a autores materiales; pero también a intelectuales, pues lo insólito brilla y no se debe tapar con la explicación de casualidad.
Está claro que no fue casual acudir a un tribunal de El Progreso para presentar una acusación contra un delincuente que ya lleva sobre sus espaldas una condena de décadas. No pasa recluido “rezando el rosario” o “leyendo la Biblia”, es la expresión acertadísima en el pueblo cuando se refieren a quienes no han salido de una y ya están tramando las siguientes.
No lo vieron así los operadores de justicia, que, con agilidad de mejor causa, montaron todo un entramado, diz que legal, para el traslado desde la cárcel donde cumple condena a un juzgado en el que bastaron unos minutos para liberar al recluso. Como quien dice estaban más que listos para hacer el mandado con todas las condiciones a su favor.
La muerte de los cuatros jóvenes policías no debe quedar impune, pero las investigaciones para conocer toda la trama no deben quedar en la búsqueda y captura del reo liberado, en los delincuentes que participaron en la acción en los tribunales, sino que habrá que buscar a quienes usaron huecos y vacíos legales para completar el escenario, así como exigir responsabilidades a quienes debieron prever el riesgo y el peligro en el cumplimiento de un “mandato” judicial.
Después del trueno, Jesús María, y que corran los días es la repuesta habitual a hechos criminales que han sacudido la conciencia nacional. Es grande el esfuerzo de los hondureños no solo confiando en las autoridades, sino con el respaldo financiero de la Tasa de Seguridad, cuyo principal objetivo es recuperar la seguridad ciudadana mediante la operación policial eficiente, cuya labor en la calle esté respaldada por eficaces estrategias, visión en cada una de las misiones, equipo moderno y vestimenta que proteja a los policías. No a la impunidad para quienes integraron la cadena, por acción u omisión, de los asesinatos en los tribunales de El Progreso.
