Sobre el Instituto Hondureño de Seguridad está recayendo una mayor atención, puesto que la junta interventora, con cuya labor ha sido posible su rescate, está ya en la puerta de salida, para lo que se esperan decisiones no solo “sabias”, sino profundamente humanas para acabar de curar las heridas de reciente y profundo desastre, sino para prevenir otras, con responsabilidad de las autoridades, como las recién pasadas.
Aludir o hablar de rompimiento de techos es tocar una de las fibras más sensibles del IHSS, puesto que los aportantes, trabajadores, empleados y el Estado, este último como fantasma, aparece y desaparece a la hora de compromisos financieros con una gran deuda histórica, tienen la sobrada experiencia de que la promesa de mejoría en los servicios de salud no se ha cumplido y, por tanto, el Seguro debe ganarse la confianza de los derechohabientes con suficiente credibilidad para que el “golpecito” o el “golpezote” se recibe en bien de la salud, de la incapacidad, de la jubilación o de la pensión.
No es cierto que no haya un incremento gradual y consensuado en las cotizaciones, pues de acuerdo con la Ley Marco el aumento, que comenzó en 2015, asciende anualmente al 5%. La pregunta del millón: ¿son suficientes los ingresos para los altos costos en salud, atención primaria, hospitalización, cuidados intensivos y rehabilitación? Habrá que echar cuentas, pero claras, ya que todavía es común escuchar “nunca he ido al Seguro”. Habrá que dar gracias por ello porque la inversión dará su mayor fruto y rendirá, sobre todo, con el correr de los años, que ojalá se puedan contar en la tercera, cuarta o quinta edad.
Hay que defender el Seguro que, pese a sus penurias, es protección de los derechohabientes y beneficiarios, pero en esta defensa hay enemigos, internos como ha quedado en evidencia; pero también externos, como los morosos, cuyos compromisos adeudados superan los seis mil millones de lempiras. La pesada carga de un contrato colectivo es remora, tal como el masivo cese de empleados y el pago de la bonificación.
Los cotizantes son directamente beneficiados, pero ¿cómo haría el Estado para atender a miles y miles de hondureños que con su cuota mensual liberan las finanzas públicas del costo de su atención médico hospitalaria y la de sus dependientes? La pregunta del millón.
