Son varios los campos en que se juega o pelea, según cada quien, la política migratoria y sus consecuencias, no solo en instituciones o
escenarios hipotéticos, sino en la vida real de personas que han forjado, honrada y laboriosamente, por décadas un futuro para su familia y que experimentan en los dos últimos años la angustia, no solo la amenaza de alguien,
sino la presión en la misma sociedad alimentada por el discurso frecuente y hostil hacia ellos.
Nada extraño es que ante el inminente peligro surjan iniciativas cuyo camino es sumamente difícil, pues al final se hallan los mismos y en una coyuntura electoral sumamente favorable.
Dos páginas dedicaba el jueves LA PRENSA al tema migratorio, una en el espacio País y la otra en la sección Mundo. La primera referente a una iniciativa, Ley HR6, “ley de sueños y promesas 2019”, presentada en el Poder Legislativo, cuyas dos cámaras deben aprobar el texto antes de que reciba la “firma” en la Casa Blanca. La segunda, noticia internacional, informa de la movilización de migrantes legales, amparados en Estatus de Protección Temporal, ante un tribunal de Los ángeles, cuyos magistrados habrán de juzgar la decisión de la administración Trump de eliminar lo beneficios migratorios para ciudadanos centroamericanos y otros países.
Los tres poderes del Estado mantienen una actividad casi constante sobre este asunto sostenida por una retórica de combate diario que, como se ve, sobrepasa las palabras para mostrar dramáticas evidencias en hechos que reciben condena del diente al labio; pero esparciendo el racismo desde el más alto nivel, y tanta y tanta es la insistencia que cala con secuelas cada vez más peligrosas y trágicas para la sociedad.
En la reciente visita de congresistas norteamericanos a nuestro país se dio a conocer la iniciativa legal respaldada por la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes “para que se acabe con la incertidumbre de los hondureños”, fue la explicación. Pero, nunca falta un pero, en la otra Cámara, el Senado, mandan los republicanos, el lado de Trump, que conocen muy bien no solo la política del Ejecutivo, sino la presión a que son sometidos para aceptar el “ordeno”. El camino en los tribunales no tiene tantos obstáculos, pero la meta final, Tribunal Supremo, está ocupada, con una exigua, pero suficiente mayoría, por magistrados conservadores.
Tras 22 años de permanencia legal, actividad productiva, integración de una familia con hijos estadounidenses... miles de hondureños se han ganado a pulso la estancia permanente que elimine la incertidumbre cotidiana de la posible expulsión del país.
