Lo que no cuesta se hace fiesta, es el acertado dicho popular para definir el
uso y abuso de los recursos del Estado que nada les ha costado a sus administradores, pero sí a los ciudadanos, que con sus impuestos contribuyen al erario, de donde se distribuyen supuestamente con prioridades identificadas en políticas rectoras de los Gobiernos según las necesidades de la población. El
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola ha estado en estas últimas semanas en los medios, en los círculos políticos y en el sector agrícola particularmente. Muy delicado, pues nada más “miedoso” que el dinero.
Ante el sí y el no sobre el cierre de Banadesa, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros presentó a dos “administradores oficiales”, sobre los que recae la responsabilidad de mantener las operaciones, entregar un informe técnico en un plazo de 120 días y elaborar un plan propuesta para sanear las finanzas. Como quien dice, evitar el naufragio con los conocimientos de los dispositivos de flotación, los recursos y la dinámica en la recuperación de los préstamos e intereses, evitando las moras, multiplicadas por la generación y sostenimiento de una “mala cultura de pago”.
A ello se refirió la presidenta de la CNBS, que en el acto de la presentación de los “administradores oficiales” hizo referencia al decreto legislativo 47-2018, destinado a autorizar la readecuación o el refinanciamiento de deudas. Su calificación fue negativa, pues el sostenimiento de Banadesa no será con el perdón (condonación) de las obligaciones económicas. Además, resalta que “prácticamente con este decreto estamos castigando al que sí paga al día y a intereses más altos”. Muy justa la apreciación que se puede colocar en paralelo al fenómeno de las amnistías en impuestos, contribuciones o pagos a instituciones públicas, en cuyas finanzas baja la mora momentáneamente, pero bien por aspiraciones políticas o por mejoramiento de imagen no faltará o, mejor, abundarán las iniciativas para la amnistía, el perdón, la condonación, como se quiera llamar; pero todo ello incrementando una “mala cultura de pago”, hermana gemela de “mala cultura de la administración de los recursos”.
El desafío de los dos administradores es descomunal: proteger los derechos de los depositantes, preservar e incrementar el valor de los activos y consolidar las operaciones, sin quitar el ojo de los riesgos de contaminación política, pues sobran quienes desde el Congreso defiendan, anónimamente y con eficacia, sus intereses mediante una “inocente” iniciativa parlamentaria.
