San Pedro Sula, Honduras
¿En paquete o en entrega personal? Esta es la pregunta de la mayoría de los hondureños al conocer que el Tribunal Superior de Cuentas tiene dos años para realizar la auditoría especial sobre los recursos entregados a los parlamentarios y de los cuales la Secretaría de Finanzas anunció estar disponible toda la información para dar vía libre al TSC, cuyo personal tiene dos años (cuánto puede llover en ese tiempo) para echarle ojo al Fondo Social de Planificación Departamental y el Fondo de Desarrollo Departamental, destinados, supuestamente, a atender las necesidades más urgentes de la población.
Lo dejaremos así, sin entrar en el debate de si esta es labor del Legislativo o un camino abreviado y eficaz para el proselitismo en las comunidades más abandonadas. Lo que se halla ahora sobre la mesa es la liquidación de los fondos gestionados, recibidos y ejecutados para solucionar alguno de los problemas de los lugares en donde los diputados fueron favorecidos por los electores que los llevaron al Congreso. Lo que se siembra es lo que se cosecha, aunque esa semilla salga de la bolsa de los contribuyentes y no de los parlamentarios, pero ellos, con lo ajeno, recogen los frutos.
El punto es que todo el que maneja recursos del Estado, también quienes desempeñan una alta labor por voluntad popular, como los funcionarios nombrados, deben rendir cuentas al final del ejercicio fiscal o al concluir el proyecto al que estaban destinados los recursos entregados. Y aquí es donde se elevó el “muro” mediante la coletilla en la Ley Orgánica del Presupuesto, calificada de “pacto de impunidad”, con el antecedente inmediato que se escuchó como cañonazo, de la acusación contra los primeros cinco diputados a lo que se sumarían algunas decenas, pero todo quedó congelado por dos años mientras se realizan las indagaciones.
Las primeras declaraciones en el TSC sobre la entrega de la documentación con el desglose de lo recibido por cada diputado se completó el miércoles al escuchar al presidente del organismo, Ricardo Martínez: “Finanzas ya nos envió la nota para que podamos pasar a recoger las liquidaciones que ellos presentaron”. Ojalá los auditores pudieran hacerse eco de la sabiduría popular, “cuentas claras, amistades largas”, pero no será así en numerosos parlamentarios que dispusieron de recursos durante el período auditado, doce años, sobre el que debe prevalecer la transparencia, aunque los primeros indicios no sólo presentan sombras, sino que presagio de eclipse.
Sólo cuando el paquete se haya completado, dos años por delante o, a lo mejor, se pide tiempo extra, habrá informe que, si pasa por el Congreso para adaptarlo al reglamento elaborado, tendremos, una vez más, el círculo vicioso de juez y parte. Y hasta ahí todo, sonrisas y buenos días.
