Una de cal y muchas de arena es la realidad diaria en nuestro país, en donde la bandera de la transparencia no pasa de ser una enseña alejada de la ética y reñida con la ley en la que busca y encuentra las “tres patas del gato”, por eso es que la recuperación de la credibilidad en las instituciones y la confianza en las personas es una tarea que exigirá el esfuerzo de varias generaciones venideras. No es que seamos pesimistas, es que las permanentes denuncias y las publicaciones hacen olvidar lo anterior y va pasando sin que ocurra algo.
La Unidad de Investigación de LA PRENSA proporciona esta semana un caso, ocurrido el seis de noviembre del año pasado y atendido “de inmediato” el 22 del mismo mes, del que no solo se están buscando responsables, sino el monto del hurto, pues todavía no se ha especificado si se trata de expedientes completos, con lo que las causas serán, como de milagro sobreseídas, o de “documentos varios”. En uno y otro caso, el daño a las pruebas seguramente beneficiará a supuestos, presuntos delincuentes, que además recibirán la bendición de la lentitud en la investigación del hecho, pues en casi cinco meses no hay responsables, sí la actuación de su mejor defensor el “olvido” y el “silencio”.
El saqueo de documentos se produjo en la bodega de la Dirección de Contabilidad de la Corte Suprema de Justicia, ubicada en las antiguas instalaciones de la Penitenciaría Nacional. Allí sí que habrá que recurrir a aquello de “yo no fui, fue teté...”, puesto que el hurto de la documentación estuvo precedido por la firma de un convenio con el Tribunal Superior de Cuentas para realizar una auditoría financiera al Poder Judicial. En la mira se halla o, quizá haya que decir, se encontraba auditar las cuentas también del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Sin papeles que hablen, las bocas permanecerán cerradas, como también habrá que clausurar definitivamente los casos porque las pistas y las pruebas se hicieron “humo”.
Por eso nos inclinamos a decir que los escasos logros en transparencia, en la lucha contra la impunidad y en el avance contra la corrupción son ligeros paliativos, muchos de los cuales se van diluyendo a lo largo del proceso judicial para llegar al final con nada o no lo suficiente para que la represión del delito sea una lección disuasoria a fin de desalentar la delincuencia, hacer justicia a la mayoría honesta y honrada en la sociedad y eliminar la eterna rémora del “hoy por ti, mañana por mí”.
