En todos los países medianamente civilizados, y Honduras no es la excepción, se respeta, casi escrupulosamente, el derecho a disentir y a protestar. Resulta que es absolutamente imposible que haya unanimidad en todos los aspectos de la vida de una nación, que el Estado emita y haga cumplir disposiciones que a todos sienten bien o que satisfagan las expectativas de todos los ciudadanos. Por eso, y en reconocimiento de esa realidad incontrastable, las leyes permiten que personas y colectividades manifiesten, de diversas maneras, su inconformidad.
Obviamente, este derecho no es reconocido en regímenes autoritarios, como el caso de la antigua Unión Soviética o la Cuba de hoy, en donde se prohíbe el disenso y sólo se permiten demostraciones públicas de afección al Gobierno, so pena de persecución y cárcel.
Existen, además, aún en los países más civilizados, mecanismos para reprimir a los manifestantes cuando estos se extralimitan en sus actuaciones, ponen en peligro la convivencia pacífica, presentan conductas vandálicas o impiden el ejercicio de otros derechos del resto de sus conciudadanos, como ser el de locomoción o el derecho a desarrollar sus actividades productivas, familiares e incluso de ocio. Así es como hasta en la civilizada Europa la policía hace uso de medios permitidos por su propia legislación para dispersar manifestaciones violentas o en las que se permite el daño de propiedad pública o privada, aunque se corra el riesgo de que el uso de la fuerza pueda juzgarse desproporcionado o abusivo.
La situación generada a partir de los resultados de las elecciones generales del pasado mes de noviembre es un caso típico de disenso político en un país en vías de desarrollo como el nuestro. Unos resultados apretados en el nivel presidencial, precedidos de la variación de una tendencia, produjo que uno de los sectores involucrados aún se niegue a aceptarlos, no obstante la declaración oficial del ente competente y del reconocimiento de su validez de parte de las democracias del mundo entero. No merece consideración, para el caso, la opinión de un Nicolás Maduro, porque carece de respetabilidad, ni de un par de individuos más, acostumbrados a torcer la ley a su antojo y capricho.
Hasta ahora, y nada hace prever un cambio en la política gubernamental, la protesta social en Honduras ha sido aceptada y tolerada. Nadie puede aprobar, sin embargo, la destrucción de los bienes públicos, los ataques a la pequeña, mediana y gran empresa, las tomas de calles o carreteras, los daños a la infraestructura que a todos nos cuesta o la siembra de odio que personas, e incluso medios cercanos a ellas, intentan hacer en el pueblo. Porque una cosa es tener derecho a protestar y otra, porque no hay ningún derecho que la asista, a envenenar la convivencia.
Desde todos los sectores se han hecho llamados a la cordura, al respeto, a la paz. Los que hagan oídos sordos a ese clamor, sin duda, perderán el favor y la simpatía de los que hasta ahora se los han dispensado.
