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Migración y refugiados

Recientemente, la administración del presidente Trump anunció el retiro de los Estados Unidos del Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Protección de los Migrantes y Refugiados, por considerarlo incompatible con su política migratoria y de soberanía nacional, que viene a sumarse a la revocatoria de otros acuerdos o compromisos asumidos en la era de Barack Obama, entre ellos, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el retiro de su país de la Unesco, a la que acusó de tener prejuicios contra Israel.

Al abandonar el Pacto Mundial de la ONU sobre el indicado tópico, Estados Unidos no estaría obligado a cumplir con varios compromisos derivados de dicha convención y podría relevarse de ellos, entre los que podrían destacarse la protección de los derechos de todos los refugiados y migrantes independientemente de su condición como tales; la obligación de asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando después de su llegada al país, proporcionarles asistencia médica o no detenerlos a los efectos de determinar su estatus migratorio.

Las nuevas condiciones derivadas de la separación de los Estados Unidos del indicado instrumento jurídico significará en un breve plazo que el fantasma de la deportación se cierne ahora con mayor contundencia sobre millones de indocumentados, una gran parte comprendidos bajo el estatus de refugiados que han abandonado su país, la mayor parte mujeres y niños centroamericanos provenientes del Triángulo Norte, integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras, que no son necesariamente culpables de ningún crimen o delito, ni siquiera de inmigración ilegal, pues ellos se entregan voluntariamente en la frontera sur en busca de asilo, asediados por las pandillas o maras, el crimen organizado y la inseguridad, lo que ha provocado este éxodo masivo de unos 66 mil niños no acompañados según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) en busca de su seguridad y protección.

Al haber denunciado Estados Unidos este pacto, significará que los refugiados ya no podrán ser reconocidos como tales y no tendrán consecuentemente el derecho para recibir asistencia de ninguna clase ni habrá obligación de someterlos a un proceso administrativo para concederles o no un asilo humanitario. De ahora en adelante podrán ser tratados por las autoridades gubernamentales como simples inmigrantes o más aún deportarlos a sus respectivos países sin ninguna formalidad.

De acuerdo con los organismos defensores de los derechos de los migrantes, las nuevas políticas administrativas que se vienen deberán ponerse siempre en práctica con apego a las demás convenciones internacionales, sobre todo las relacionadas con los derechos fundamentales del individuo, particularmente aquellas que garanticen los derechos de los refugiados y de los migrantes en general, compatibles con la dignidad y el trato justo.