Tras la avalancha, a última hora, de candidatos para integrar el Tribunal Superior de Cuentas, los cuestionamientos sobre algunos de los aspirantes, en lista por dudosa reputación, y la velocidad con que se quiere en el ámbito político dar por concluido el proceso, ha comenzado a levantar suspicacias, a lesionar la credibilidad y a hacer de lado la transparencia tan necesaria en todos los frentes de la lucha contra la corrupción.
La fuente de inquietud no es otra que la petición, presión más bien, de la Comisión Multipartidaria, a la velocidad que proporcionan arreglos de compadres en el fin de semana para la presentación de los 12 candidatos de su preferencia para “ayer”, desconociendo acuerdos con instituciones para alejar toda duda y disponer de magistrados ajenos a la política y comprometidos en la defensa de los bienes del Estado y la honradez en el organismo contralor.
Uno de los primeros en pronunciarse sobre esta situación fue el jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) quien propone “la imperiosa necesidad de no politizar la elección” de los magistrados, riesgo real por el interés en la carrera para escoger a quienes pasarán a la arena política donde, sin duda, habrá arreglos para quedar contentos y muy amigos en otros asuntos.
Como es habitual en situaciones similares hasta han sido identificadas las identidades políticas de los tres magistrados, que es un trío de tres, como dirían en el pueblo, así es que habrá llanto y rechinar de dientes, aunque el cabildeo y las negociaciones pueden suavizar el enojo o dejarlo solamente de “boca para afuera”.
Orillando los modismos en el lenguaje, el peligro está a la vista. La nominación negociada es una hipoteca política en la labor del TSC que es, precisamente, necesario eliminar para enfrentar con vigor y determinación la corrupción en los altos niveles de la administración pública.
La autonomía e independencia de los poderes del Estado es condición indispensable para honrar la naturaleza del TSC y cumplir el deber de defender los recursos del Estado de “uñas largas” que abundantemente se incrustan en los puestos públicos.
Aquí sí que debemos aplicar el “despacio que llevo prisa”, para no entregar a intereses políticos a aquellos que deben vigilar y exigir cuentas claras a los funcionarios.
