Se trata de un órdago en toda regla o, para ser exactos, contra todas las reglas. Ya no valen las palabras melifluas, ni el mirar para otro lado, ni los paños calientes. Tal como las plantean, las elecciones autonómicas del 27 de septiembre son una declaración de guerra al Estado español.
¿Qué debe hacer el Gobierno español ante tamaño reto? Para responder a esa pregunta hay que empezar formulando la opuesta: ¿qué no debe hacer el Gobierno español ante tal provocación del separatismo catalán? De entrada, reaccionar con igual contundencia.
Creer que esto se arregla, como tantas otras veces, con concesiones económicas o políticas que en vez de suponer un alivio, agravaría la situación. La «conllevanza» orteguiana, como los matrimonios malavenidos, ya no se estila. Hay que actuar y hacerlo con la firmeza del que tiene la razón y la ley de su parte.
Y con todo tipo de precauciones. Pues pudiera ser que los separatistas catalanes, ante las calabazas que han obtenido en todas las instancias exteriores y ante el cuarteamiento de su propia sociedad, estén buscando precisamente el choque frontal, revivir el ataque de las tropas borbónicas a la Ciudadela, que les permitiría apelar a su arma favorita: el victimismo.
¡Lo que daría Mas por una foto esposado entre dos guardiaciviles dando la vuelta al mundo!
Le redimiría de haber convertido la Cataluña rica, moderna, dinámica, a la cabeza de España, en la Autonomía más provinciana, más endeudada, más regresiva del Estado español. Regresiva, sí.
Los catalanes más abiertos, más creativos, más dinámicos, están hoy en Madrid, en el extranjero o en el exilio interior.
(Fragmento ABC)
