Las primeras 17 preguntas del procurador Alejando Ordóñez al presidente Juan Manuel Santos tratan sobre los derechos de las víctimas.
Al leerlas con cuidado se comprenden con claridad los motivos del Presidente para solicitar que NO se publicaran las 45 preguntas que le presentó el procurador en reunión privada sobre la paz de La Habana.
No esperemos que en la paz como la concibe el presidente Santos se esclarezca la suerte de los 2,760 desaparecidos, presuntamente de responsabilidad de las Farc, como requisito para acceder a la justicia transicional y mucho menos que entreguen la riqueza ilícita acumulada en el país en tierras y en inversiones en el extranjero.
A continuación pone Ordóñez a Santos contra la pared al preguntarle:
¿Acepta la conclusión de las Farc de que la responsabilidad del conflicto es del Estado, de acuerdo con informes de los “expertos”, de la Comisión Histórica? ¿Está de acuerdo el Gobierno con que en el país todos somos culpables de la violencia y de las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado? Frente a las garantías de no repetición, fundamental para que la paz de Santos no pase de ser una tregua, le solicita el procurador a Santos que le defina al país qué significa la “dejación de armas, el silenciar los fusiles”, frases empleadas continuamente tanto por las Farc como por sus voceros en La Habana. Que defina si aceptará un proceso de desarme inmediato o un proceso largo, sin desmovilización ni desarticulación de las Farc, condicionado al cumplimiento de los acuerdos por el Gobierno -en opinión de las Farc-.
Y termina este primer capítulo sobre los derechos de las víctimas, señalando que el Presidente les exige al ELN y a las bacrim suspender la colocación de minas antipersona, pero no hace lo mismo con las Farc.
Pregunta más difícil aún de responder: ¿Por qué no les exigió a las Farc que emprendieran ellos directamente la tarea de desminar? ¿Por qué prefirió exponer a los soldados en esa tarea? (El Espectador de Colombia)
