Segura, diputado por El Paraíso, es político típico. No manifiesta compromiso público con respecto a la soberanía popular, no representa esperanza colectiva alguna y solo expresa interés por consolidar su poder, preservar el statu quo y contribuir con la parálisis del país.
Por ello tengo en alta consideración sus opiniones. Especialmente cuando en el proceso electoral -mientras otros discuten temas de tecnología comunicacional- Segura, en cambio, muestra preocupación por los supuestos cambios de domicilio de “sus” electores. Con lo que pone las cosas en orden prioritario y llama la atención, a lo que se debe cuidar: asegurar el control de las alcaldías y los resultados que le den continuidad a los diputados en el Congreso Nacional. Y para plantear el problema afirma -sin aportar pruebas, por lo menos confiables para mí- que la responsabilidad es del RNP en la alteración de los domicilios de los electores.
Para verificar el asunto he prestado atención al municipio de Duyure -al que nunca he visitado, aunque hemos hecho varios compromisos al respecto con Antonio Ortez Turcios- porque además que tiene un RNP muy bien manejado está en la zona fronteriza con Nicaragua, en donde tradicionalmente los políticos, de Honduras y Nicaragua, han usado los votantes de los dos países para asegurar sus estructuras de poder, mediante votos ilegítimos o, aparentemente, legítimos, permitiendo que extranjeros que han obtenido irregularmente su tarjeta de identidad, y que la alcaldesa Celfida Amada Bustillo se preocupa que no se les registre, y ha hecho buena labor hasta ahora; pero que se encuentra por primera vez frente a un candidato que cuenta con popularidad suficiente para ponerle fin a su carrera política local. Como parte del conflicto, un grupo de ciudadanos se ha tomado el RNP como medio para llamar la atención de los comisionados que viven en Tegucigalpa -Brevé, Rivera y Kattán- y “defender el cumplimiento de la ley”.
Aparentemente todo es fácil: solo hay que aplicar la ley. El domicilio es el lugar de residencia o de nacimiento, en el caso de que no se haya hecho a tiempo el cambio entre ambos. Sin embargo, según las actas que hemos visto, la resistencia de la jefa registral de Duyure es que las personas que llegan a cambiar su domicilio no reúnen ninguno de los dos requisitos. Y, según nos han informado amigos de la frontera, son nicaragüenses que tienen documentación hondureña desde hace muchos años -lo que les permite participar en las elecciones de allá y las de aquí- o personas que no son residentes del municipio y que, sin pruebas de nacionalidad hondureña, quieren registrar nuevo domicilio.
La alcaldesa, que busca repetir mandato, así como Segura en El Paraíso, insiste en que los cambios se hagan porque son votantes suyos, necesarios para ganar las elecciones del 28 de noviembre próximo.
Según nos han informado, Brevé le ha dicho a la registradora que decida de acuerdo con la ley; pero no le da el respaldo que necesita para hacer lo correcto porque se ha producido un fenómeno local: la unidad de los liberales y los miembros de Libre en contra del Partido Nacional. De forma que, para quedar bien con las autoridades superiores, no es la ley la que se debe aplicar, sino que decidir para favorecer la alianza que afecta las aspiraciones de la alcaldesa, que busca reelegirse. Como puede observarse, los problemas electorales están sustentados en la desconfianza, en la práctica de procedimientos irregulares y en la búsqueda de resultados, aunque para ello se tengan que retorcer engañosamente los principios legales o los ciudadanos se hagan justicia por propia mano tomando el RNP.
