Favorecer sectores puede ser perjudicial mas allá de la asignación ineficiente de recursos. La ineficiencia no solo se da en escoger rubros o líneas, sino que es agravada por el dispar acceso que diferentes empresas o personas tienen de acceder.
Como mínimo, implican una burocratización y crecimiento en gastos y tiempos administrativos, con barreras que excluirán a los menos dotados de contactos o capacidad de gestión en el Estado. Como máximo, permitirá que personas inescrupulosas tomen ventaja de la complejidad adicional para beneficiarse indebidamente, apropiándose de un recurso que pertenecía a todos.
La creencia de que estas medidas pueden resultar en una inversión del extranjero considerable no ha sido probada por la historia. Es más, creemos que un régimen de excepciones en un estado de derecho débil no atrae la inversión seria, sino más bien puede servir de plataforma al especulador o traficante.
Hay una serie de factores que hacen que los estados se inclinen por este tipo de medidas. La más importante es la necesidad de sentirse como agente activo en la conducción de la economía nacional. Se puede ganar la gracia de un sector que recibirá beneficios tangibles; mientras que al socializarse los costos y deferirse al futuro los mismos no hay un afectado inmediato. Por tanto, políticamente, hay un resultado favorable a corto plazo, pero ¡après moi, le déluge!
Existe la versión alterna, menos glamorosa y sin beneficios específicos para nadie, de trabajar por una igualdad fiscal y tributaria. Esto, acompañado de manejar las finanzas públicas de forma prudente y no succionar los recursos bancarios generales, permitiría intereses bancarios e impuestos más bajos, con una creciente mejora de los servicios estatales con igualdad y seguridad jurídica.
