La única forma de poder alcanzar un crecimiento económico sostenible es a través de una mayor inversión privada. Durante toda nuestra historia republicana hemos concebido medidas para promover la inversión en determinados sectores económicos. Generalmente, los beneficios que se ofrecen son de tipo fiscal o crediticio. En algunos casos ha habido un beneficio puntual, pero el crecimiento económico sostenible está basado en la competitividad de toda la economía en su conjunto.
Todos los incentivos fiscales o crediticios que se dan deben ser pagados por alguien más. Cada lempira que se deja de percibir en impuestos por un contribuyente lo deberá pagar otro, o el Estado lo quedará debiendo. El efecto de pérdida no es neutral, ya que hay que agregarles los costos de operación y acceso a regímenes especiales, la alta barrera de entrada creada por la burocracia y el favoritismo, y el simple dolo al que invita el trato diferenciado.
Adicionalmente, se tiene el efecto enclave. Entre otras, la razón por la cual la extracción minera y el banano no lograron levantar nuestra economía es que el régimen especial premiaba que operaran autárquicamente. Sus procesos, por la misma naturaleza del incentivo, no evolucionaban a una mayor integración con la economía local.
El Estado también tiene un desafío en escoger los sectores que serán más atractivos o rentables para la inversión. La prueba real es la inversión misma, más que cualquier proyección previa. Agregando la desigualdad en obtener prebendas públicas, resulta muy ineficiente el mecanismo para asignar los recursos. Lo mismo ocurre con el sector financiero.
Si el acceso al crédito es diferenciado, los intereses generales serán mas altos. La exoneración tributaria también tiene un costo, aumentando las obligaciones de los demás.
