Es difícil poder señalar en estos momentos un sector que sea capaz de enrumbar los destinos económicos de Honduras ante la epidemia del covid 19, pero no es difícil reseñar la gran oportunidad que Honduras perdió ante la implementación de la ley de propiedad del año 2004.
Esta innovadora y moderna legislación en materia de derechos de propiedad inmobiliaria sería capaz de poner miles de millones de lempiras de capital dormido a circular en el mercado inmobiliario, algo que lamentablemente comenzó mal y terminó mal; pero que en este momento de severa crisis económica sería una tabla de salvación para Honduras, pero que aún se puede rescatar.
Los antecedentes históricos de lo que se pretendía hacer en Honduras lo podemos encontrar en Perú, un país muy pobre hace algunas décadas y que hoy aspira a los países de mejores ingresos en América del Sur, ya que en Perú se implementaron reformas a las leyes de propiedad inmobiliaria que permitieron la incorporación al mercado de bienes raíces y dinamizaron la economía peruana.
¿Era posible eso también en Honduras? Claro que sí.
Pero como dijimos, algo que comenzó mal, terminó mal, ya que aunque la ley privilegia el diálogo entre propietarios de tierra y poseedores de la misma, la nefasta intervención de los políticos queriendo llevar créditos a su causa provocó un enfrentamiento entre propietarios y tenedores de predios, lo que desfiguró por completo el propósito de la ley y la volvió sospechosa y cuestionada de inconstitucional más de una vez ante el Tribunal Supremo.
Por toda Honduras se desarrollaron proyectos de expropiación de tierras privadas para entregarlas a tenedores de los predios expropiados y, aún hoy, hay lugares donde los interesados aún no reciben sus títulos de propiedad producto de la manipulación política, los interminables recursos legales a que los propietarios se vieron obligados a usar ante la justicia y ante la desidia del Gobierno, que perdió el rumbo completamente de algo que más que una nueva legislación era todo un proyecto de país. Sí era un proyecto de país porque tenía la capacidad de poner a Honduras en un estado de desarrollo muy superior, dinamizar la economía y abrir una gama de oportunidades para propietarios y tenedores de predios de terreno.
Hay casos entre casos, pero podemos señalar con propiedad y conocimiento pleno el caso del sector de Cofradía en San Pedro Sula, donde un conflicto de tierras estuvo latente por décadas, se cobró la vida de docenas de personas, pero que actualmente ha logrado dar a miles de habitantes la posibilidad de acceso a crédito, mejoramiento de las viviendas, la implementación de proyectos de desarrollo privados y gubernamentales que están cambiando la vida a miles de habitantes.
Los innovadoras figuras jurídicas que contiene la ley de propiedad para poder legalizar la tenencia de la propiedad, así como los mecanismos masivos de titulación de predios, ofrecían la oportunidad de acabar con viejos conflictos por la tierra y traer paz y tranquilidad a miles de hondureños que viven en zozobra porque no tienen seguridad en sus propiedades. Esperamos que un próximo Gobierno retome con la formalidad del caso este gran proyecto de país, en momentos en que Honduras necesita de los mejores proyectos para salir adelante, y la revolución de los derechos de propiedad inmobiliaria lo garantiza.
