Durante sus mandatos, los dos expresidentes persiguieron a opositores políticos, silenciaron a los medios independientes y trataron ilegalmente de extender sus mandatos mucho más allá de lo permitido. Ahora dicen ser víctimas de la persecución política, pero lo curioso es que están siendo víctimas de las mismas leyes que ellos crearon para prohibir que sus enemigos políticos puedan participar en elecciones.
Y, sin embargo, están obteniendo apoyo político no solo de Venezuela y Cuba, sino también de funcionarios de los partidos populistas gobernantes en Argentina y México.
“Ayer fue un día oscuro para la democracia en América Latina”, dijo Jorge Taiana, senador del partido gobernante y excanciller de Argentina. Se refería a los fallos judiciales del 7 de septiembre que prohibieron a Morales postularse para un escaño en el Senado en Bolivia y a la prohibición de la justicia de Ecuador a que Correa se postule para vicepresidente.
Un tribunal boliviano dictaminó el 7 de septiembre que Morales no puede postularse para un escaño en el Senado por la provincia de Cochabamba en las elecciones del 18 de octubre porque no ha vivido en Bolivia en los últimos dos años. Morales está exiliado en Argentina.
Al mismo tiempo, el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, acusó a Morales de “terrorismo y genocidio” por supuestamente pedir a sus seguidores que bloqueen las carreteras por donde los camiones abastecían a hospitales durante la pandemia de covid-19.
Además, el Gobierno ha acusado a Morales de abusar de niñas menores de edad. Morales dice que esos cargos son parte de una “guerra sucia” en su contra. El argumento de Bolivia de que Morales no puede postularse porque no ha estado viviendo en Bolivia puede ser un tecnicismo; pero está basado en el artículo 149 de la reforma constitucional de 2009 de Morales, que él mismo aprobó para evitar que uno de sus principales rivales políticos pueda ser candidato.
Un nuevo informe de un grupo de defensa de Human Rights Watch dice que los cargos de terrorismo contra Morales son “desproporcionados”; pero reconoce que Morales “repetidamente” utilizó a jueces amigos para presentar cargos contra sus rivales durante sus casi 14 años en el poder. Siguiendo los pasos de la dictadura de Venezuela, Morales cambió la Constitución varias veces para eliminar la prohibición de más de dos mandatos presidenciales consecutivos.
Lo que es más, durante su candidatura inconstitucional para un cuarto mandato, Morales convocó un referéndum nacional para respaldar su pedido de cambios en la Constitución. Morales perdió el referéndum, pero se postuló para un cuarto mandato de todas maneras. En las elecciones ilegales de octubre de 2019 se proclamó ganador después de que el recuento de votos se detuviera durante casi 24 horas.
La elección resultó ser una farsa, como concluyeron dos reportes separados de la OEA, que representa a 34 países. El caso de Correa en Ecuador es similar. Vive en Bélgica, ha sido condenado en Ecuador a 8 años de prisión por corrupción masiva durante sus 10 años en el poder. Es otro populista que cambió la Constitución para intentar mantenerse en el poder por tiempo indefinido. Grupos de derechos humanos han señalado a Correa como uno de los peores represores de la libertad de prensa en América Latina.
Como Morales, Correa creó las reglas electorales que ahora están siendo usadas en su contra. Entonces, aunque las acciones anticonstitucionales de Morales y Correa no deberían justificar acciones ilegales de sus sucesores, ambos expresidentes deberían rendir cuentas por sus abusos de poder. No lloren por ellos, nadie debería sentir pena por estos aspirantes a presidentes vitalicios.