Lo cierto es que la complejísima situación en la que se encuentra el presidente Martín Vizcarra, a un paso de ser destituido por el Congreso, puede detonar una cadena de consecuencias calamitosas para la estabilidad política de Perú, su democracia y su proceso de reforma política y lucha contra la corrupción.
La percepción es que detrás de este escándalo, más allá del hecho de que Vizcarra deberá ser investigado por la Justicia, aparecen fuerzas en el Parlamento con intereses espurios que han encontrado un buen pretexto para desestabilizar el país y alcanzar así objetivos personales poco cercanos a las necesidades de la mayoría de los peruanos.
El motivo al que se acoge la oposición para promover la destitución de Vizcarra son unas grabaciones secretas donde se presume que el presidente tenía mayor contacto del que declaró en su momento con el cantante Richard Cisneros, conocido con el nombre artístico de Richard Swing, cuyas contrataciones con el Ministerio de Cultura son investigadas en el parlamento.
REFLEXIÓN Y MESURA
Es por eso que desde muchos lugares han aparecido los pedidos, o ruegos, para que el Congreso actúe con reflexión y mesura y no busque imponer de forma sumaria una destitución, permitiendo además que el trámite legal siga su curso, más aún en un contexto de brutal crisis sanitaria y económica a causa de la covid-19.
“Que se procese esta información en el marco que corresponde. Debe ser procesada, analizada y sancionada en su momento correspondiente, pero ahora hay que poner encima de la mesa las prioridades nacionales”, indicó a la agencia Efe la politóloga Adriana Urrutia.
Urrutia, presidenta de la Asociación Transparencia, consideró que la situación del presidente, en manos de un Congreso mayoritariamente hostil e impredecible, revela “la precariedad de la democracia y del sistema político” de Perú.
“Por un lado demuestra que gobernar sin partido no le da al Gobierno estabilidad, y también que no tenemos un sistema de partidos que ponga en agenda los problemas públicos, afirmó la analista.
En ese sentido, que muchos congresistas se inclinen solamente a peso de los votos para destituir al mandatario antes que hacer análisis detallado del suceso y sus implicaciones legales, genera “una precarización y vulnerabilidad” para todos los peruanos al debilitar las instituciones.
“Además, hay dos cosas. El contexto en que surgen los audios y las personas detrás de ellos. Los presentaron fuera de la agenda del día, en el día que se debía votar la ley que impide postular a personas condenadas”, indicó Urrutia.
“Y lo hace una persona con investigaciones y antecedentes. En política nada es fortuito, y este es un ejemplo de los intereses personales en el Congreso”, dijo la analista en referencia al congresista Edgar Alarcón, enemigo declarado de Vizcarra e investigado por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Más directo aún fue el politólogo Fernando Tuesta, para quien incluso el contenido de los audios no merece en ningún caso un debate sobre la vacancia (destitución) presidencial, ya que no hay proporción alguna entre el hecho “y la respuesta a ese hecho”.
“¿Y por qué ahora esto? Porque en el Congreso lo que está por delante es un cruce de intereses diversos que pueden alinearse por la vacancia. .
OPOSITOR A LA PRESIDENCIA
El argumento, compartido por muchos, es que la salida de Vizcarra dejaría la presidencia en manos del presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, del partido Acción Popular.
Merino ha estado próximo a quienes buscaban torpedear las reforma política promovida por el Gobierno y además estaría obligado a pactar con algunos otros grupos que podrían beneficiarse de la salida de Vizcarra.
La reforma universitaria, la reforma de los partidos políticos para incluir elecciones internas y paridad de género, o la serie de normas aprobadas por el Congreso (hasta 15) que el Ejecutivo de Vizcarra decidió observar o llevar al Tribunal Constitucional serían cuestiones que quedarían en manos de un Gobierno de signo completamente opuesto. “Estamos delante de una crisis económica atroz, brutal, sanitaria y con elecciones convocadas que las vamos a tener en 8 meses (abril 2021). Un cambio en el Gobierno no beneficia a nadie salvo el interés de unos grupos muy pequeños”, indicó Tuesta.
¿Y DESPUÉS?
Más allá de esta situación, ya de por sí perjudicial, están las elecciones de abril 2021, que en un contexto de volatilidad política, crisis sanitaria y económica, podrían deparar “cualquier cosa”.
“Ningún experto podría saber qué negocian ahora los congresistas, pero sin duda el cálculo electoral está en juego. Hay un elemento en favor de Vizcarra, que son los intereses de los congresistas individuales, no de las bancadas, porque estas no son coherentes. Todas tienen fisuras y no respetan liderazgos”, subrayó. Así, “todos están valorando si la jugada les puede favorecer. Destituir puede no favorecer a los candidatos. ¿Le conviene a Keiko (Fujimori)? ¿Le conviene a César Acuña (líder del partido Alianza para el Progreso)? ¿Le conviene a alguien convertirse en Gobierno en un momento donde gobernar es difícil?”, sostuvo Tuesta.
Para Urrutia, esta situación de destitución, gobierno provisional a cargo de Merino y elecciones daría pie a dos escenarios. “Uno de ellos es la radicalización, pues la historia nos demuestra que ante las crisis, los extremos son alternativas”. “Hay propuestas en Perú como el resurgimiento que promueve Antauro Humala (hermano del expresidente Ollanta Humala y preso por una asonada militar en 2005). El otro riesgo que se presenta será “una enorme fragmentación de la oferta política”, puesto que la situación refuerza la volatilidad del voto.
“En cualquier caso, hay que velar por las instituciones. Lo que está pasando es el resultado de nuestros votos. Nosotros los hemos puesto allí, y tenemos que ver el desempeño. En el futuro tenemos que velar para que el voto ciudadano escoja gente responsable”, culminó. EFE
