No podemos acostumbrarnos a vivir en la inactividad del encierro. Ni permitir que nuestros gobernantes entren en “locura colectiva”. Sin desconocer la peligrosidad del virus --por mientras se produce comercialmente una vacuna confiable-- debemos hacer las reformas políticas, económicas, educativas y sociales para que, en el futuro, nuestro sistema social responda mejor ante otras inevitables emergencias.
Porque es obligatorio cambiar el modelo económico actual (que solo produce pobreza e inequidad) por otro que genere riqueza; que sostenga un sistema sanitario eficiente que atienda a los enfermos; pero que en lo material provea a los trabajadores de un salario básico mínimo universal para los tiempos del desempleo. También se debe reconocer que, en lo político, el modelo es también ineficiente.
El centralismo abusivo que tenemos desde tiempos de Gálvez ya agotó sus capacidades. Hay que devolverle poder a los departamentos, incluso con participación en el cobro de impuestos y planificación de su desarrollo en procura de su autosuficiencia complementaria, dándole a los municipios el poder que Quintín Soriano ha estado reclamando. Invest-H nos ha confirmado que la centralización beneficia a la corrupción y favorece el clientelismo. Y provoca inestabilidad.
En lo político hay que desmontar el presidencialismo --que con una orden pretende manejar hasta las órbitas de los astros-- para impedir que el caudillismo vuelva a obstaculizar el desarrollo de las fuerzas económicas. El Poder Legislativo debe recobrar sus competencias originales para dejar de ser una oficina que le hace los mandados al Ejecutivo. Y el Congreso debe estar integrado por diputados –sin necesidad de suplentes que son una carga manipulable que Pineda Ponce empezó a alimentar y que se ha multiplicado increíblemente– que representen a los ciudadanos y no ha territorios en donde los gobernadores carecen de poder. Hay que volver a los distritos electorales que consignó la Constitución de Cádiz en 1812.
Y el Congreso debe volver a su condición colegiada, democrática, en donde su presidente sea elegido anualmente. Y por respeto al pueblo, hay que eliminar los privilegios que gozan los diputados, empezando por la no reelección para que al concluir su único periodo haya que pagarles su retiro y atenderles sus enfermedades. No porque no se lo merezcan, sino porque igual que nosotros, no han pagado lo correspondiente para gozar de tales canonjías.
Hay que reducir la burocracia al tamaño de la economía y las necesidades del país. En los partidos hay que devolverles la titularidad a sus bases y mandar a la porra a sus caudillos y falsos propietarios. Obligándolos que se sostengan a sí mismos, de forma que el pago a los activistas no se haga con un cargo público que debe estar en manos de personas, de acuerdo con sus méritos. Y secretarios de Estado no deben legislar, sino que, más bien, sus cargos estar sometidos a la vigilancia legislativa, de forma que después de interpelados, deban ser inmediatamente destituidos por incompetentes, desobedientes o malcriados. Claro, hay que cambiar el sistema educativo. De eso escribiré el próximo jueves.
