Ya sé que no se deben mezclar, que combinarlos no conduce a nada bueno y que, con seguridad, las consecuencias serán más negativas que positivas; pero lo cierto es que tampoco se debe negar la relación que existe entre una pandemia como la actual y los escenarios políticos, presentes y futuros, de nuestro país.
Ya hemos visto y comprobado durante catástrofes anteriores la forma en que se mezclan las emergencias y la política, los estrechos e insospechados vínculos que se establecen entre esos dos factores, y la manera en que los fenómenos naturales se traducen irremediablemente en fenómenos sociales. Basta revisar la experiencia de tragedias como las de los huracanes Fifí en 1974 y Mitch en 1998.
Toda catástrofe natural genera consecuencias sociales y políticas. Es la inevitable relación que hay entre la naturaleza y la sociedad, entre las circunstancias naturales que rodean al ser humano y su entorno social. No olvidemos la vieja sentencia aristotélica que atribuye al hombre su innegable condición de animal político.
La pandemia del coronavirus ha tenido ya algunas consecuencias sociales y políticas. Son las primeras, pero, estoy seguro, no serán las últimas. A nivel social son más evidentes y perceptibles. La pobreza las hace más visibles y la miseria nos las arroja al rostro, imposible negarlas o pretender esconderlas. A nivel político, en cambio, la evidencia, aunque real y efectiva, es menos precisa y más confusa.
En escenarios políticos como el nuestro, caracterizados por un autoritarismo fuerte y un Estado de derecho débil, con instituciones frágiles y vulnerables, corroídas por la corrupción y el abuso del poder, las emergencias tienden a fortalecer las tendencias concentradoras del poder y a reforzar los vicios autoritarios del Gobierno. El presidencialismo incrementa sus facultades a costa de debilitar o anular facultades vitales del Poder Legislativo.
Los organismos de control pierden fuerza y se impone la opacidad inevitable que suele rodear a las compras directas y a la ausencia de rendición de cuentas. El centralismo aumenta y la horizontalidad de la gestión gubernamental se ve desplazada gradualmente por un creciente y amenazante autoritarismo concentrador. Las relaciones entre el poder central y los gobiernos locales también suelen sufrir modificaciones sustanciales. Puede suceder que los municipios incrementen su protagonismo y alcancen más autonomía en su gestión comunitaria o, puede ser al revés: la concentración de poder en el centro debilita la independencia de la periferia municipal. Sea como sea, la emergencia, ya sea natural o sanitaria, como es este caso, genera consecuencias que erosionan la democracia y benefician la concentración del poder en pocas manos.
En el caso hondureño, la situación puede ser muy alarmante. A nivel social, el descontento y la insatisfacción van de la mano, camino hacia la confrontación y la protesta. La desesperación es mala consejera y puede llevarnos a niveles inesperados de conflictividad urbana y rural. A nivel político, se reforzarán (de hecho, ya lo están haciendo) las nocivas tendencias a fortalecer el militarismo, ampliando sus esferas de influencia y concediendo a los uniformados apoyo excesivo y facultades que deben pertenecer a otros organismos del Estado.
De esta manera, la fusión de la conflictividad social, cada vez más violenta, con la creciente militarización del Estado y la sociedad producirán – ojalá que no – una peligrosa mezcla explosiva que todos habríamos de lamentar.
Como si fuera poco, ya tenemos suficiente con la crisis humana que genera el coronavirus. No hace falta que, por un manejo inadecuado de la emergencia, desemboquemos todos en una crisis política y social de enormes consecuencias.
La paciencia de la gente tiene límites. Jugar con ella, apostándole al cálculo y la maniobra política, puede ser muy peligroso y arriesgado. Lo mismo puede suceder si se insiste en dar respuestas castrenses y policiales a un problema que requiere manejo científico y profesional.
