Dicen los que saben de estas cosas que en nuestras
Honduras la mejor manera de guardar celosamente un
secreto es contarlo. Así, entre sereno y burlón, un amigo mío ilustraba la narración de sus mejores
secretos. Al contarlo, decía, desatas el demonio de la duda y tu verdad se va convirtiendo en mentira tolerada, tan tolerada como divulgada. La duda contada se vuelve, primero, duda razonable y, luego, mentira aceptable. Pierde su inicial respetabilidad y se convierte en comidilla cotidiana. De esa forma, tan inusual como singular, el
secreto original queda bien guardado y su potencial explosivo se conserva a salvo.
Se me ocurren estas ideas ahora que se ha puesto de moda revelar secretos y poner en circulación informes, falsos o verdaderos, que provienen, supuestamente, de los anaqueles y archivos de las instituciones estatales, especialmente las encargadas de la seguridad y el orden público. Muchos de estos informes llegan hasta las páginas de respetables medios de comunicación y reciben una divulgación digna de mejores causas. Se vuelven “virales”, como dicen los asiduos navegantes de las famosas redes sociales.
De sobra es conocida la antigua práctica de retocar los “informes secretos” para acomodar su contenido de acuerdo al gusto e interés del maquillador. Con solo cambiar un número en el código de identificación del documento, modificar una fecha o, peor aún, sustituir un nombre y retocar una escena, el contenido del documento queda mutilado y su valor testimonial será puesto en duda. El secreto, el verdadero y no el inventado, queda protegido y los culpables quedan eximidos de sus pecados, venales o no, listos para recibir los generosos finiquitos que con tanta prodigalidad otorgan los llamados órganos de control en la estructura del Estado.
El maquillaje de “documentos secretos” tiene un efecto descalificador sobre todos los informes especiales que se originan en las oficinas públicas. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a los organismos operadores de justicia, especialmente en el campo de la seguridad nacional. Así ha quedado demostrado con varios de los informes considerados secretos y divulgados con los aspavientos de la “¡útima hora!” en días recientes. Parece que muchos altos funcionarios de las cúpulas policiales y militares invertían buena parte de su tiempo laboral en leer y releer los “informes secretos” hasta encontrar las palabras peligrosas, los párrafos comprometedores y las revelaciones incómodas. Realizado el ansiado hallazgo, con delectación de artistas y pulso firme introducían la nueva narración, que modificaba el contenido y volvía inofensiva la versión original, tan peligrosa como inquietante.
Esta práctica ha terminado por restar seriedad a los llamados “secretos oficiales”, conservando los verdaderos y haciendo circular los retocados. Una hábil maniobra para ocultar los hechos reales, sustituyéndolos por escenarios ilusorios. Es la consumación sublime del llamado “wishfull thinking”, el pensamiento falso que hace ver nuestras ilusiones como si fueran realidades ciertas.
De esta manera, tan singular como truculenta, la divulgación de “secretos”, incluso cuando son verdaderos, queda debidamente descalificada y contaminada por la duda tradicional y el escepticismo arraigado. La verdad, una vez inoculado el virus de la desconfianza, resulta protegida y a salvo de especulaciones incómodas. La justicia vacila al momento de revisar la prueba y el ojo del juez se torna nublado ante el texto manipulado.
Y si las cosas son así, para qué sirve esa Ley de Secretos Oficiales, tan cuestionada como vergonzosa, que veda el acceso a la información y pone un cerco de hierro a todas las acciones estatales relacionadas con la seguridad interna y externa de nuestro país.
Entiendo que hay ciertas actividades que, por su propia naturaleza, deben estar revestidas del secreto y la discreción, pero ello no da pie para el abuso y la secretividad en demasía. Deberían seguir el consejo de mi amigo: para guardar bien un secreto, lo mejor es contarlo.
