El panorama migratorio cambió drásticamente este 2019 para Guatemala y Centroamérica con la firma del acuerdo de cooperación de asilo o de tercer país seguro en el Despacho Oval con Estados Unidos.
Esa escena de finales de julio, en la que el exsecretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y el ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhart, con el presidente estadounidense, Donald Trump, a sus espaldas consolidó una relación de dependencia de Guatemala y Centroamérica con Estados Unidos.
Ese país, que cambió los muros físicos en la frontera con México por guardias custodiando otras fronteras para evitar la llegada al norte de centroamericanos, tuvo en su custodia a niños que murieron por fiebres, amagó con imponer sanciones económicas para llegar a “acuerdos” y presionó para realizar deportaciones masivas o traslado de asilados a un panorama incierto.
Tras ese retrato del poder, con la mano de Trump sobre el hombro del responsable de la política interna guatemalteca, de vuelta en su silla presidencial, el mandatario estadounidense aseguró que habían tratado el plan de tercer país seguro con Guatemala y otros países “durante muchos años” y por fin se concretaba, “ahora que estamos en un punto en el que nos llevamos bien y que hacen (el Gobierno de Guatemala) lo que les pedimos que hagan”.
Con la llegada del primer hondureño de Mesa, Arizona, a Guatemala el pasado 21 de noviembre entró en vigor el acuerdo de cooperación de asilo, como formalmente fue llamado el convenio de tercer país seguro, que excluyó esas tres palabras de los documentos que sin conocerse en su totalidad, al menos en Guatemala, no fueron ratificados por el Congreso ni publicados en el diario oficial. El acuerdo es exclusivo para migrantes salvadoreños y hondureños, con algunas excepciones, como los niños menores no acompañados, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o las personas con discapacidad.
El pacto, de cinco páginas y suscrito el 26 de julio, estipula entre otras cosas que no aplica a ciudadanos guatemaltecos o a quienes residan allí. Además, prevé la transferencia de solicitantes de asilo de EE UU a Guatemala, quienes serán responsabilidad del primer país hasta que se haya completado el proceso de traslado. El documento establece que Guatemala no podrá devolver o expulsar a los solicitantes transferidos desde territorio estadounidense, a menos de que estos cancelen su solicitud o que esta haya sido rechazada mediante una decisión administrativa.
Un tercer país seguro, como lo define la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), una de las organizaciones junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) involucradas en el apoyo a los migrantes transferidos a Guatemala, es un concepto que se usa para “transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado seguro”.
Aunque Guatemala no es precisamente un país seguro, tomando en cuenta sus altos niveles de tasas de homicidio -que en septiembre sumaban un total de 26 por cada 100,000 habitantes- el 21 de noviembre llegó supuestamente solo en un avión el primer hondureño bajo este acuerdo, aunque al aterrizar en Ciudad de Guatemala solicitó un traslado inmediato a su país, tarea que resolvió la OIM.
El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco se ha jactado de apoyar a las familias con las repatriaciones de los restos de los menores y de contar con abogados que trabajan en la investigación de los casos. EFE
