A pesar de los temores de muchos de que Chile dejará de ser un modelo económico para América Latina tras las violentas protestas que dejaron al menos 24 muertos y terminaron con un acuerdo político para redactar una nueva Constitución, existen razones para ser cautelosamente optimistas sobre el futuro del país.
Es cierto que habrá correcciones importantes, y muy necesarias, a la economía de libre mercado. Según el nuevo acuerdo político, habrá un referéndum en abril de 2020 sobre si cambiar la Constitución, que probablemente resultará en reformas sociales que la comunidad empresarial chilena ha resistido durante mucho tiempo. Hasta ahora, muchos líderes empresariales se habían opuesto a mayores subsidios gubernamentales para la salud, la educación y las jubilaciones. Argumentaban que el sistema chileno era, con mucho, el más exitoso en América Latina, y que cambiarlo sería peligroso. Y, en términos macroeconómicos, tenían razón. Chile ha reducido la pobreza del 40% de la población hace 30 años al 8.6% hoy, según cifras oficiales.
Chile ocupa el primer lugar en América Latina, y el número 44 entre 189 países, en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. El ranking de la ONU cuenta no solo el crecimiento económico, sino también con los estándares de salud y educación.
Y, contrario a lo que dicen muchos críticos, Chile tiene niveles de desigualdad más bajos que varios países latinoamericanos. Según el Índice de Gini, que mide la brecha entre ricos y pobres, la desigualdad en Chile cayó de 0.57 a 0.46 entre 1990 y 2015.
Sin embargo, muchos chilenos están descontentos. Han escuchado a varios de sus presidentes citar cifras macroeconómicas que muestran que Chile está a punto de entrar en el primer mundo, y no ven eso reflejado en sus vidas. A muchos chilenos no les ha ido tan bien como a Chile.
El 15 de noviembre, tras varias semanas de disturbios violentos provocados un alza en las tarifas del transporte, los principales partidos políticos del país acordaron realizar el referéndum constitucional de abril de 2020.
El plebiscito preguntará si la gente quiere una nueva Constitución, y si debe ser redactada por ciudadanos comunes o por una combinación de ciudadanos y legisladores. Los redactores de la nueva Constitución serían elegidos en octubre de 2020.
En una entrevista esta semana, le pregunté al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, sobre las preocupaciones de algunos economistas de que la nueva Constitución ahuyente a los inversionistas, y tal vez incluso convierta al país en una nueva Venezuela.
“Yo no conozco a nadie de la gente que haya salido a decir por la calle que quiere volver a un sistema socialista, estatista, o un sistema como el que impera en Venezuela”. Agregó que “lo que las personas quieren es seguir creciendo económicamente, pero tener seguridades en caso de enfermedad, seguridades para la vejez, seguridades en caso de paro”, dijo.
Los pesimistas argumentan que no será fácil porque la economía se desacelerará. Las empresas serán reacias a invertir hasta que quede claro qué dirá la probable nueva Constitución. E incluso después, las empresas podrían no querer invertir en un país que probablemente aumentará los impuestos corporativos y otorgará más poder a los sindicatos, argumentan los escépticos. Tal vez soy demasiado optimista sobre Chile, pero creo que el país puede restaurar la confianza de los inversionistas por default, o sea por descarte de otras opciones. No sé si lo logrará, pero Chile tiene la oportunidad de convertirse en un modelo económico aún mejor, y más justo de lo que ha sido en los últimos 30 años.
