De acuerdo con lo que se está pactando, el Gobierno debería crear condiciones, hoy inexistentes para los hondureños, y otorgárselas a los migrantes extranjeros, de forma que cualquier nacional desearía ser migrante en Honduras.
Todas las condiciones contempladas bajo la denominación de tercer país seguro requieren de recursos humanos y financieros, así como capacidades con los que el país no cuenta, y que no surgirán de la nada solamente con la firma de un acuerdo.
El listado de potenciales violaciones de derechos humanos que inevitablemente se presentarán por la falta de cumplimiento de las condiciones mínimas de atención es extenso, ya que el Gobierno está aceptando compromisos que es incapaz de cumplir hasta con los propios hondureños.
El traslado de unidades familiares implicará atención a adultos mayores, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos con diferentes necesidades y vulnerabilidades. Se desconoce cuál entidad o entidades serán responsables de brindar esos servicios.
Seguridad, salud, trabajo, educación, techo, entre otros, deberán ser proporcionados por el Gobierno de Honduras, sin contar con recursos económicos propios ni proporcionados de forma obligatoria por su contraparte, los Estados Unidos.
Es necesario que los compromisos adquiridos no sean en función de una transacción del Gobierno en el poder. Es evidente que Honduras es un país del tercer mundo, no tercer país seguro.
