La misión de un policía, proteger y servir; la misión de un fotógrafo, filmar y transmitir. Los dos realizan su labor por un deber de su trabajo y por un salario del que ambos subsisten.
El policía con sus tradicionales herramientas de defensa y detención: armas, chalecos antibalas, toletes y esposas; el fotógrafo con su cámara filmadora, baterías y un chaleco de tela. Dos empleados que han realizado labores de peligro, uno atacando la delincuencia y el otro filmando los sucesos y presentándolos. De alguna manera ha existido convivencia entre estas dos misiones de alto riesgo en sus respectivas labores de la nota roja.
Pero desde el año 2014, con el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el gremio policial y periodístico se han convertido en grupos de enfrentamiento. Han sido incontables las agresiones brutales por parte de la Policía en contra de los comunicadores sociales, hombres y mujeres, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y hasta motoristas de las unidades periodísticas.
El más reciente: la abominable agresión física y verbal de policías en contra de Juan Carlos Castillo, reportero gráfico de Canal 11, quien realizaba su labor junto con la reportera Iris Urbina y donde tuvieron que salir huyendo en su unidad móvil.
El fotógrafo resultó herido en su frente producto de un golpe con una bomba lacrimógena que un policía sujetaba en la mano. Esto sucedió el martes pasado, cuando los periodistas cubrían el enfrentamiento de policías y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Por cada piedra que tiran los estudiantes le contrarrestan cualquier cantidad de bombas lacrimógenas, que se han convertido en la principal arma para oprimir al pueblo.En la realidad, tanto el brutal policía como el agredido fotógrafo son víctimas del actual Gobierno en un país llamado Honduras.
