El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela es lo más devastador que se ha visto en materia de crímenes de Estado desde los días de las dictaduras militares sudamericanas de los años setenta.
Entonces ¿por qué tantos autoproclamados luchadores de los derechos humanos siguen guardando silencio sobre las miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela?
El informe de la ONU dice que ha habido al menos 6,856 muertes sospechosas de opositores durante operaciones de seguridad del Gobierno venezolano en el período de 17 meses, que terminó en mayo de 2019. Muchas de ellas fueron ejecuciones, según el informe.
Esa cifra es más del doble del número de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la dictadura de 17 años, de 1973 a 1990, del dictador chileno Augusto Pinochet. Y también es comparable a las desapariciones forzadas durante períodos similares durante la dictadura de Argentina de 1976 a 1983.
Y, sin embargo, ¿dónde está la indignación de muchos de los autoproclamados defensores de los derechos humanos que han denunciado –con razón– las atrocidades de las juntas militares derechistas de los años setenta?
Para ser más precisos: ¿dónde está México? México condenó en el pasado los abusos de los regímenes militares de América del Sur e incluso rompió relaciones diplomáticas con Pinochet en 1974. Entonces ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se niega a condenar categóricamente los asesinatos en masa de Maduro y se ha proclamado “neutral” sobre Venezuela?
¿Dónde está Alberto Fernández, candidato presidencial de Argentina, y su candidata a la Vicepresidencia –y poder detrás del trono–, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué no hemos escuchado de ellos una condena categórica y sin tapujos del terrorismo de Estado en Venezuela? La expresidenta Fernández de Kirchner construyó gran parte de su carrera política denunciando la dictadura argentina de la década de 1970, aunque no se le conoce un activismo opositor en esa época.
¿Dónde están el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, y su antecesor, José Mujica? ¿Dónde están Dilma Rousseff y Luis Inácio Lula da Silva, expresidentes de Brasil? Hasta el momento tampoco han mostrado su indignación por los crímenes citados en el informe de Bachelet y un mea culpa por sus vínculos con Maduro. ¿Dónde está el candidato a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos, el autoproclamado socialista Bernie Sanders?
Según el informe de Bachelet, el régimen de Maduro ha admitido oficialmente 6,856 asesinatos, que ha clasificado como resultantes de “resistencia a la autoridad”, entre enero de 2018 y mayo de 2019. El informe de la ONU dice que la cifra real puede ser mayor, y menciona un estudio del Observatorio de Violencia en Venezuela, que cita 9,647 asesinatos de opositores durante el mismo período.
Como es habitual, los aliados de Maduro tratan de defenderse tildando a sus críticos de “derechistas”. Aquí va el mensaje que López Obrador, Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras políticas deberían escuchar: si no denuncian categóricamente los asesinatos en masa del régimen de Maduro, tienen cero autoridad moral para pronunciar las palabras “derechos humanos”.
Tras el informe de Bachelet, ya no hay excusa alguna para permanecer callados sobre Venezuela.
