Parece demasiado dura esa aseveración de los obispos, pero es que hemos llegado a tal grado con la corrupción, que los poderes públicos tratan por todos los medios de blindarse con leyes y esquemas que les permitan si bien no ser enjuiciados, por lo menos librarse de la cárcel con subterfugios legales que les den espacio para huir de la justicia. Pareciera que estamos desviándonos del problema, pero no. Es que en el fondo de todo esto, en el fondo de los problemas con las medicinas, con el abastecimiento de los hospitales, con el problema de las malas condiciones de los centros educativos, está siempre la corrupción.
Es la corrupción el hongo que alimenta el fango de las transacciones torcidas, es la corrupción la que alimenta los contratos sin licitación y los licitados, pero aprobados bajo compadre hablado; es la corrupción la que está haciendo colapsar la democracia, es la corrupción la que cierra los espacios para que, como en toda democracia se discuta abiertamente, se discrepe y se sea capaz de expresarse sin cortapisas.
Esa corrupción es la que ha hecho que todos los poderes se concentren en una sola persona y que esa persona crea que ella es el Estado. Tenemos que hablar del sometimiento de los poderes públicos, de su falta de independencia y de cómo poco a poco han hecho que colapse el sistema de poderes independientes y no sometidos, es la falta de confianza en los poderes públicos lo que ha hecho que el pueblo busque las calles, porque saben bien que por más que pidan por las vías legales, por más que busquen respuesta en el equilibrio de poderes, eso es algo que hace tiempo dejó de tener vigencia en Honduras. Esa frustración, ese sufrimiento de verse sometidos ante un poder que todo lo controla y no permite interferencias nos han llevado a esta crisis y pueden llevarnos al colapso total.
Los actuales grados de corrupción en los procesos de adquisición gubernamentales, en los procesos de suministro de bienes y servicios alcanzan tales niveles de opacidad que una reforma para acabar con estas prácticas requiere no solo de un cambio profundo y de raíz en los procesos mismos, sino también un cambio profundo en las personas que los aplican y desarrollan. Hace falta que el funcionario y el servidor público entiendan que cualquier variación en un proceso, cualquier alteración que se haga fuera de la ley en las compras del Estado, repercute finalmente en todos los ciudadanos, es decir que el servidor público tome conciencia que al final del día lo que haga el Estado, bien o mal, nos afecta a todos, incluyéndolos a ellos mismos.