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¡No hay cesión de soberanía!

Soy amigo y admirador de Graco Pérez. Me agrada su estilo comedido, su fórmula de evitar conflictos políticos manejando temas exteriores y su educación, sin provocar sospechas siquiera de los amaneramientos que asumen algunos “afrancesados”. Somos amigos, pero no es obstáculo para sostener públicamente que, más que amigo de Graco Pérez, soy más amigo de la verdad y que en su artículo del jueves incurre en apreciaciones erróneas y llega a conclusiones falsas, con las que estoy en desacuerdo, y no logra convencerme con sus afirmaciones que no son lógicas, ni siquiera intuitivas y, lo peor, no aporta pruebas, ni una sola, que las respalden.

En su artículo publicado en LA PRENSA, “Isla Conejo y Henecán”, afirma de entrada, para impresionarnos, “Que todo indica que existe una confabulación de parte del Gobierno para violar la soberanía nacional cediendo los derechos sobre la isla Conejo y el puerto Henecán para beneficiar al puerto La Unión con la presencia china”. No aporta ningún argumento, ni hipotético o teórico –sostenido desde luego en teorías geopolíticas siquiera– que sostenga esta información, que si fuera cierta contaría, como él lo sabe, con todo mi apoyo. Lo único que hace es resumir cosas que todos sabemos: que el 14 de julio fue un aniversario de la guerra en contra de El Salvador, que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó los derechos de los tres países ribereños, que El Salvador “no ha abandonado sus pretensiones expansionistas”, que la embajadora de los Estados Unidos en aquel país declaró que China estaría “buscando un puerto de entrada y que este sería el puerto de La Unión, dadas las condiciones en que se encuentra”.

Todo esto no le sirve a Graco Pérez para sostener su afirmación que haya, de parte del Gobierno de Honduras, una confabulación para entregar la soberanía nacional. La afirmación va por un lado y los hechos apuntados, además de ser conocidos, no sirven para fundamentar su seria acusación. La afirmación final, que se acerca un poco a sostener su tesis, es que Honduras concesionaría durante 30 años el puerto de Henecán y que esto se hizo en forma silenciosa. (Hay una página entera, publicada en La Tribuna, que desmiente a Graco Pérez, excepto que crea que el diario colega circula tan poco que nadie lo lee, lo que no es cierto).

Así, sin prueba alguna, dice –cosa que es ilógica en este tipo de planteamientos– que el Gobierno de Honduras quiere crear una zona especial de desarrollo y ha planteado –asunto inevitable por las relaciones económicas ancestrales entre los tres Estados ribereños– la participación de Nicaragua y El Salvador. Para concluir, sin prueba alguna, que “se está gestando la renuncia de los derechos soberanos de Honduras”. No cita el autor que se busca financiamiento para la construcción de un puerto y un puente entre Amapala y Cerro Grande y, mucho menos, la posibilidad de que por ese medio –con la operación de La Unión por una empresa de China continental, si fuera el caso– el canal seco, que no menciona, se vería fortalecido por la operación de dos puertos de aguas profundas y uno para barcos menores que alimentarían el flujo de contenedores para ser trasladados a Puerto Cortés, en primer lugar, y después cuando se construya el ferrocarril interoceánico a Puerto Castilla.

Lo que conviene –y no lo dice Pérez y debió haberlo hecho– es que Taiwán, Estados Unidos o Corea del Sur se interesen por financiar Amapala, con lo que no se cedería soberanía alguna. El Salvador hace lo suyo, Nicaragua lo propio y Honduras ejerce sus derechos soberanos que, solo se comprometerían, si entregara la “isla” Conejo, porque allí si, en efecto, estaríamos renunciando a un importante canal de navegación de aguas profundas. A propósito, Pérez olvidó esta isla en su argumentación sobre la entrega de soberanía por parte de Honduras, puesto que no puede probar que Honduras haya cedido un espacio soberano allí.

Cuando tenga pruebas y me convenza estaré a su lado en la lucha por la defensa de Honduras, pero para ello necesita que sus afirmaciones estén sostenidas sobre pruebas fehacientes.