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Sentencia confusa y nada transparente

Como si el país tuviera el aguante necesario para soportar otra crisis, sin haber siquiera poder finiquitado la crisis política del año 2017, la Sala Constitucional emite una sentencia tan confusa que cada quien la interpreta a su manera y con tantas intenciones veladas que no es posible transparentar qué es lo que se ha intentado claramente decir y hacer con esa sentencia. Esta Sala Constitucional ha sufrido de manera caótica desde la destitución de sus antiguos miembros en un proceso que jamás se juzgó hasta llegar a asumir la responsabilidad legal por la reelección presidencial en Honduras.

Todo mundo ha dicho algo de esa sentencia, desde los juristas, los analistas y las cabezas de los poderes del Estado, pero lo raro, es que nadie que fue parte del quórum que votó esa nefasta sentencia sale a la luz pública, explica cómo fue votada esta sentencia, qué pidió el que interpuso el recurso y cuáles son los alcances de este fallo, que se inscribe como uno más de una sala constitucional cuestionada acremente en cada periodo de gobierno. La demanda por hacer visibles los mecanismos y procedimientos de las acciones del gobierno aunque es un grito de la sociedad, en este caso, de saber cuál es el procedimiento con que opera la Sala Constitucional es ignorada totalmente.

Cómo es que existen recursos en esa misma Sala Constitucional interpuestos por ciudadanos y por instituciones con años de estar pendientes de ser fallados y son ignorados completamente, en tanto, resuelven a la velocidad de un rayo un recurso que, de inicio, no se tiene claro cuál era el interés legítimo del solicitante en pedir la inconstitucionalidad del Convenio de la Maccih. Esa decisión que hoy tomaron los magistrados de la Sala Constitucional nos afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque las derivaciones jurídicas de esa sentencia confusa, rara y desmedida no se pueden ver ahora mismo, pero amenaza con torpedear de manera directa y consistente la lucha anticorrupción.

Pero en todo esto también está el juego de poderes, por eso decimos que esa sentencia tiene la capacidad y el peso para desatar una crisis política que nos lleve al enfrentamiento de los poderes públicos y volvamos al enfrentamiento infecundo. Es que la lucha anticorrupción ha abierto la caja de Pandora en cuanto a intereses se refiere, todo mundo está tratando de parar esta lucha anticorrupción y de manera especial, debilitar las instituciones que se han comprometido por primera vez en la historia en combatirla, así que esta inestabilidad que nos está trayendo esta sentencia es solo parte de una serie de ataques que no se detendrán hasta que se logre debilitar esta lucha.

Ciertamente hay dos palancas que mantienen el poder público contenido y evitan los conflictos entre los poderes y son el andamiaje doctrinario de la democracia liberal y el Estado de derecho; en el caso de esta sentencia de la Sala Constitucional, estos dos pilares se han menoscabado por completo. Cómo es que la misma Sala Constitucional ha establecido como principio rector de sus aceptaciones de las acciones de inconstitucionalidad que el peticionario pruebe el interés legítimo que tiene en su acción, antes de decidir siquiera admitir a trámite un recurso, además de que legalmente no pueden darle a nadie más de lo que les está pidiendo en su demanda. La Ufecic es el objetivo.

En medio de lo confusa que puede ser, de las fallas técnico-jurídicas que adolezca esta sentencia, lo cierto es que el objetivo es la Ufecic, ya que se trata de un entidad nacional, es más viable atacar la Ufecic que lanzar un ataque directo contra la Macchi, es posible que la comunidad internacional ni siquiera se dé cuenta que se está debilitando el brazo ejecutor de la lucha contra la corrupción, pero no es cierto, lo sabe la comunidad internacional como lo percibe el pueblo hondureño, en medio de la confusión esta sentencia algo tiene claro, pero lo hicieron tan mal que también puede ser anulada con la misma facilidad con que fue emitida.