Aprovecho estas líneas para agradecerle a Ledy C. Pacheco, oficial de prensa de la embajada de los Estados Unidos, su cortesía por el envío que me hace de los boletines oficiales y que resumen el criterio de la indicada Misión sobre los distintos tópicos de nuestro acontecer. El último de ellos refleja entrelineas una inquietud con respecto al tema de la corrupción, por su arraigo e impunidad. Y al mismo tiempo expresa su preocupación por el giro, no legal, que podrían tener dos expedientes judiciales actualmente en sustanciación ante la Sala de lo Constitucional, de la cual, la embajada estadounidense avalada evidentemente por el Departamento de Estado, espera que sean resueltos en forma “rápida y eficaz” para evitar un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
La corrupción, dice el boletín que comentamos, constituye una amenaza para la seguridad y para el crecimiento económico de nuestro país, que socava la confianza en los gobiernos, las instituciones y en la democracia. Dicho documento reconoce la importancia de la cooperación internacional para erradicar sus efectos corrosivos, como se ha dado con la creación de la Misión de la OEA contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-MACCIH), que ha logrado resultados importantes y que, por ahora, se resumen en los casos de la “red de diputados” y de la “caja chica de la dama”, que involucra a 5 diputados del Congreso Nacional y a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, como también la aprobación de la Ley de Política Limpia, la creación de la Ufecic y de los Juzgados Anticorrupción, impulsados por la Maccih. Los recursos de inconstitucionalidad que la embajada estadounidense señala se sintetizan en los casos de la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto y, del convenio de creación de la OEA-Maccih.
En el primer caso se busca por el Ministerio Público derogar dicha reforma porque excede la validez de su texto al conferirse inapropiadamente al Tribunal Superior de Cuentas las facultades que la ley otorga expresamente al Poder Judicial, y como si fuera poco, vulnera el principio de irretroactividad de la ley.
En el segundo caso se busca por los imputados, careciendo de legitimación, la derogatoria del decreto que ratifica el convenio de creación de la Maccih suscrito entre la OEA y el Gobierno de Honduras, con lo cual se descarrilaría la lucha anticorrupción que hasta ahora han venido realizando con buen suceso fiscales, investigadores y expertos internacionales.
He ahí las sobradas razones de justa inquietud relacionadas en el boletín que se comenta, que se suman a las del pueblo hondureño que espera una decisión judicial ajustada a derecho y no a intereses políticos.
